El decreto establece que los Inspectores del Trabajo deberán tramitar, “con preferencia a cualquier otro asunto, los procedimientos derivados de la inamovilidad laboral”.

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En un contexto de crisis económica que ha presionado una migración histórica de venezolanos, muchos de ellos profesionales altamente calificados, el Ejecutivo decretó la inamovilidad laboral de los trabajadores del sector público y privado por un lapso de dos años, contados a partir del viernes 28 de diciembre de 2018.

El periodo, que vence el 28 de diciembre de 2020, es la continuidad de la política de inamovilidad laboral implementada en mayo de 2002 por el ex presidente Hugo Chávez para evitar el despido injustificado de trabajadores. En esta ocasión, indica el decreto N° 3.708, se busca “proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz”.

Empero, el decreto de inamovilidad laboral N° 3.708 se extiende en un contexto de crisis económica, que ha restado atractivo el empleo formal, debido a los bajos salarios guiados por la remuneración mínima legal establecida por el Ejecutivo nacional y fijada desde diciembre de 2018 en Bs. 4.500. El monto permite cubrir solo 3,6% del costo de la canasta alimentaria familiar del penúltimo mes de 2018.

Partiendo de ese ingreso, las renuncias han sido masivas y los empleadores han tenido que idear estrategias como pago de bonos u otras compensaciones para mantener al personal.

El documento oficial, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.419 del 28 de diciembre de 2018, establece que los trabajadores amparados no pueden ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de acuerdo con el artículo 422 de la Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).

En caso de que alguna de estas condiciones ocurra, el trabajador podrá interponer una denuncia dentro de los 30 días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajo y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir o la restitución de la situación jurídica infringida.

El artículo 5 del Decreto indica que gozarán de inamovilidad los trabajadores establecidos en el artículo 87 de la Lottt:

-Los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio.

-Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas por tiempo determinado, mientras no haya vencido el término del contrato.

-Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas para una obra determinada, hasta que haya concluido la totalidad de las tareas a ejecutarse por el trabajador o trabajadora, para las cuales fueron expresamente contratados y contratadas.

Quedan exceptuados, como en decretos previos, los trabajadores en cargos de dirección y los de temporada u ocasionales.

El artículo 6 del decreto agrega que al patrono que obstaculice o desacate la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, se le impondrán las medidas y sanciones previstas en la Ley. “Los Tribunales del Trabajo no darán curso a recursos administrativos de nulidad, hasta tanto se cumpla la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida”, agrega el decreto. 

Despidos, pese a política de inamovilidad

Hasta diciembre de 2018 rigió un decreto de inamovilidad durante tres años. Pese a la instrucción, hubo despidos en empresas públicas como Sidetur, Alcasa, Cantv, Seniat, Corpoelec, así como en privadas: General Motors, empresas Polar y Hotel Paseo Las Mercedes, entre otras, de acuerdo con el último informe anual de la organización de Derechos Humanos Provea.

“Los despidos por razones políticas en instituciones públicas, en medio de un año de gran turbulencia política y convocatoria a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente fueron notables. La ONG Movimiento Vinotinto estimó 415 despidos políticos, siendo Carabobo el estado con más casos, seguido de Caracas, Táchira y Lara. ‘Los entes en los que más abusos se han visto son el Seniat, Corpoelec, Ministerio de Educación, Ambiente y Salud, se ha vuelto sistemático’, declaró Carlos Carucí, representante de la organización”, indica el balance anual de Provea.

En este caso, puntualizan, los despidos tuvieron como causa no participar en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno; no mostrar lealtad al presidente Nicolás Maduro y haber acudido a la consulta popular convocada por partidos de oposición.

En buena parte de los casos, son las empresas adscritas a órganos gubernamentales las primeras en violar la política de inamovilidad laboral con la colaboración de las inspectorías del trabajo.

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