Los últimos cuatro meses del año evidenciaron el cariz autoritario del gobierno de Nicolás Maduro: ante reclamos por desmejoras salariales, sus fuerzas reprimieron y encarcelaron. La respuesta fue algo que hacía tiempo no se veía: unión de los trabajadores de todas las empresas.

La imagen es síntesis. En ella se ve un hombre de mediana edad, con bigotes completamente canos, gorra y franela. Al fondo, otros hombres, sudorosos y con caras desconcertadas, lo acompañan. En primer plano, están las manos del que protagoniza. Sostienen cartuchos de balas.

El hombre es Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera). La foto, tomada en la mañana del 1 de noviembre en frente del portón de la sede principal de la empresa, era la denuncia de él y de un grupo de trabajadores sobre lo que había ocurrido momentos antes: funcionarios del Ejército habían intentado dispersar a balazos una protesta.

Hoy, González está preso en la cárcel de La Pica en el estado Monagas. Y no solo él, pues otros 14 trabajadores pasaron la Navidad encarcelados por ser caras visibles de una serie de protestas que comenzaron a mediados de septiembre. Sus 15 nombres son el símbolo de lo que ocurre en Ciudad Guayana y que está sintetizado en la foto de González, el intento del gobierno de Nicolás Maduro por callar las voces disidentes que develan las arbitrariedades antiobreras y las respuestas represivas.

De lo malo, algo bueno

       
Pese a las protestas persistentes, al cierre del 2018 los trabajadores no lograron revertir el descalabro salarial impuesto por el gobierno | Foto William Urdaneta

El comienzo de las protestas tuvo un origen preciso, el rechazo de los trabajadores de las empresas básicas al irrespeto de las convenciones colectivas y los tabuladores por parte del régimen.

Sin ton ni son, todos los empleados, sin importar antigüedad ni cargo, comenzaron a ganar lo mismo: 500 bolívares a la semana en promedio. En las primeras manifestaciones hubo dispersión. Pronto entendieron que así no funcionaría la estrategia.

Desde agosto de 2014, cuando el gobierno impuso un contrato colectivo en Sidor a raíz de varias semanas de reclamos, no había unificación laboral. En ese momento, todos los sindicatos legítimos de las empresas básicas se unieron para apoyar a los sidoristas.

Dimes y diretes en torno del misterio de las firmas en el contrato, pues el documento no fue validado por el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), José Luis Hernández, dividieron y dispersaron las protestas y los criterios hasta este año.

El padecimiento común fue lo que permitió ver en las calles a los trabajadores del aluminio, del hierro, del acero y de las briquetas marchando juntos, de nuevo.

Los intentos

El régimen madurista desplegó dos estrategias para frenar las protestas. La primera de ellas, el 16 de octubre, fue la firma de un acuerdo, entre el gobierno -representado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los ministros Tareck El Aissami y Eduardo Piñate- y representantes sindicales identificados con el oficialismo, de una tabla salarial que no fue detallada. A la reunión no fueron invitados los secretarios generales de los sindicatos.

La segunda, casi un mes después, fue el incremento burocrático: la creación de la Vicepresidencia de Asuntos para el Trabajo en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), a cargo de uno de los ministros del Trabajo de Hugo Chávez, José Ramón Rivero. La dependencia nació con fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2018.

Las protestas no cesaron. Incluso, dentro del chavismo, continuaron reacciones adversas como la de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas (CBTS), cuyo coordinador nacional, José Gil, también secretario general del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa), denunció cuatro días después que el acuerdo salarial del gobierno había traído más descalabros a los bolsillos de los empleados de las empresas básicas.

Más persecución

El 15 de noviembre, el gobierno tuvo una respuesta que demostró que no habría adhesiones a sus intentos por aquietar las protestas. Ese día se anunció la creación de Intersectorial de Trabajadores de Guayana.

A ella no solo se sumaron los trabajadores de las empresas básicas, sino también de los sectores salud, educación y servicios públicos. “Con esto vamos a enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro, que no solo nos ha arrebatado nuestros salarios sino las convenciones colectivas. Buscamos también la defensa de la Constitución, la democracia y la unidad de la clase trabajadora venezolana”, dijo entonces Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud).

En las calles, las protestas continuaron. Y el régimen respondió: primero, con las detenciones de diez trabajadores de Ferrominera. Después, con la del secretario general Rubén González. Y, más recientemente, con el apresamiento, en medio de una operación represiva, de cuatro trabajadores de Venalum, incluyendo al secretario general del sindicato, José Hidalgo.

Sumando a Abdul Hurtado, detenido en septiembre, son 15 los trabajadores apresados por la dictadura por exigir sus derechos y defender los de otros. Es el balance principal de este año en el mundo laboral de Ciudad Guayana. ¿Prevalecerá la unidad que se logró, luego de cuatro años de dispersión?