La ITG denunció que el tribunal militar está sin despacho e impide a la defensa del secretario general de Sintraferrominera apelar la condena de nueve años y cinco meses de prisión.

Más de 10 días han pasado desde que el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, fue condenado a nueve años y cinco meses de prisión. Miguel Ekar, uno de los abogados defensores y miembro de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), denunció que el Tribunal Quinto de Juicio Militar en Maturín, estado Monagas, aún no publica la sentencia.

Esto retrasa el proceso de apelación que realizará la defensa de González, quien denunció la violación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y la Constitución nacional.

Ekar señaló que el tribunal no solo retrasó la publicación de la sentencia y el proceso de apelación, sino que desde el jueves 22 de agosto está sin despacho. “Ni siquiera nos han dejado entrar a tribunales para constatar si está el expediente”.

Para Ekar, el resultado debe ser positivo, aunque de lo contrario queda la Sala de Casación Penal para agotar las instancias nacionales y acudir a los organismos internacionales.

Apoyo a los directivos ad hoc de CVG

Fernando Serrano, dirigente de Venalum y miembro de la ITG, rechazó las críticas de sindicalistas afectos a Nicolás Maduro y aliados a quien preside la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado, por el nombramiento de una junta directiva ah hoc.

Los directivos nombrados por el presidente encargado Juan Guaidó están fuera del país, ya que -señaló- a partir del nombramiento movilizaron a cuerpos de seguridad para detenerlos.

“Si esa junta ad hoc de la CVG estuviera asumiendo, ya hubiesen dado respuesta al movimiento sindical y estaríamos resolviendo el problema de nuestros salarios, del HCM, hoy los trabajadores no se estarían muriendo porque no les quitaron el HCM”, afirmó Serrano.

“La única gestión que ustedes presentaron (sindicalistas afectos a Maduro) fue decir cuántas bolsas de comida han entregado, porque las empresas están destruidas”, agregó

Reiteró que quienes defienden a Maduro y Maldonado destruyeron la posibilidad de mantener a los hijos, alimentarlos y brindarles salud. “Cuando muere un trabajador, su familia tiene que mendigar porque una urna cuesta entre 500 y 600 dólares”.

Serrano recordó que las propuestas de los trabajadores se incluyen en el proyecto del Plan País.

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