La defensa del trabajador de Ferrominera Orinoco llama a la clase trabajadora a levantar su voz de protesta y exigir el encarcelamiento de los dos jueces que, señalan, han violentado sistemáticamente los derechos constitucionales de Álvarez.

La defensa del trabajador de Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, denunció nuevas tácticas dilatorias en el demorado proceso judicial en contra del ferrominero, tras el diferimiento del juicio debido a la ausencia del expediente del caso en el tribunal.

El equipo de abogados defensores explicó, a través de un comunicado, que por segunda ocasión solicitó medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del trabajador ferrominero, amparada en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual establece que ninguna pena coercitiva de libertad podrá excederse de dos años. En el caso de Álvarez, la detención alcanza a siete años y siete meses en el Internado Judicial El Rodeo II.

La jueza del Tribunal Segundo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, Paullete León Guevara, consideró el peligro de fuga para negar la medida cautelar sustitutiva de libertad, denuncian. Ante esta transgresión de la Ley Adjetiva Procesal Penal, la defensa interpuso el 4 de abril de 2018 un recurso de apelación contra la decisión adoptaba por ser contraria a la ley.

Relatan que el expediente subió en consulta a la Corte de Apelaciones del mismo circuito judicial, recayendo en la Sala N° 1. El caso fue asignado al juez Miguel Ángel Rhode Urbaneja, “quien desde el 4 de abril de 2018 se ha negado a dictar sentencia, incumpliendo a su vez con el lapso establecido en el COPP de diez días hábiles para emitir el fallo”.

La defensa señala que la nueva táctica dilatoria la han puesto en práctica “estos dos administradores de justicia, quienes sin razón alguna viven trasladando el expediente de un tribunal a otro, para tener la justificación de no realizar las audiencias o dictar sentencia bajo la excusa de que el expediente no se encuentra en el recinto tribunalicio”.

“Son dos las fechas en que el juicio se paraliza por cuanto el juez Rhode Urbaneja solicita el expediente para engavetarlo en su despacho, y de esta manera justificar los diferimientos en el tribunal de juicio”, manifiestan.

De esta manera, señalan, los jueces continúan con el retardo procesal interminable con el único propósito de mantener privado de libertad a Álvarez “como un claro emblema de abuso de autoridad y ensañamiento contra este trabajador, lo cual no exime de responsabilidad penal a estos jueces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta Magna”.

Considerando el abusivo retardo y “amparados en el principio de simplificación de la justicia, establecido en el artículo 257 constitucional y en la primicia de que nadie puede justificar el incumplimiento de la ley amparado en su propia torpeza”, la defensa llama a la clase trabajadora venezolana a levantar su voz de protesta y a exigir el encarcelamiento de estos dos jueces quienes, denuncian, han violentado sistemáticamente los derechos constitucionales del trabajador ferrominero.

Álvarez fue detenido hace más de siete años por su presunta participación en el homicidio del también ferrominero Renny Rojas, el 9 de junio de 2011, en el portón de la estatal del hierro.

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