La CPI inició una serie de exámenes preliminares para determinar las responsabilidades del régimen y de sus funcionarios en los saldos rojos que dejaron las protestas de 2017, reprimidas con bestialidad durante un lapso de cuatro meses. La comunidad internacional y las voces democráticas venezolanas aplaudieron la medida que supone un primer paso para la eventual consecución de justicia y a partir de responsabilidades individuales, algo que difícilmente se logre con la justicia secuestrada por el chavismo.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, en un tono habitual, negó las denuncias, basadas en las arbitrariedades contra las protestas entre abril y julio, y las catalogó como una campaña internacional contra Venezuela.

La política logró su tarea y frenó las pretensiones golpistas del Gobierno venezolano de desconocer la Asamblea Nacional y, por ende, el voto del 6 de diciembre de 2015: a medianoche, el gabinete ejecutivo leyó un documento en el que recomendaba al Tribunal Supremo de Justicia revisar las sentencias que echaban a un lado al Parlamento. Se trata de un recule inédito en la historia venezolana y un resquicio que se abre para una nueva etapa de solución de la crisis política por vías políticas, institucionales y constitucionales: una urgencia de país.

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