Martes, 17 Octubre 2017 00:00

Alcaldes opositores presionan a la comunidad internacional desde la OEA

 
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Alcaldes opositores presionan a la comunidad internacional desde la OEA Fotos OEA
 
 

Washington.- Alcaldes opositores venezolanos acusaron al gobierno de Nicolás Maduro de una política de Estado sistemática para desbaratar el poder municipal opositor, en el marco de las audiencias en la OEA en las que se analiza si en el país latinoamericano se están cometiendo delitos de lesa humanidad.

“12 alcaldes (opositores) han sido destituidos en Venezuela: cuatro de ellos están presos, seis estamos en el exilio y dos permanecen en Venezuela destituidos o inhabilitados. Representamos a 10 millones de venezolanos, un tercio de la población”, sintetizó David Smolansky ante un panel de expertos internacionales en la sede de la OEA, en Washington.

Smolansky, que era alcalde de El Hatillo (en Miranda), salió de Venezuela en septiembre, tras iniciarse el proceso de destitución en su contra. El Tribunal Supremo de Justicia lo condenó a 15 meses de cárcel por permitir bloqueos de vías durante las protestas contra el gobierno de Maduro.

“De los 80 alcaldes opositores que fuimos electos en diciembre de 2013, más de 30 estamos bajo investigaciones”, aseguró el político, que es uno de los fundadores de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López.

Aseguró además que los cuatro alcaldes que permanecen arrestados en Venezuela han sufrido “torturas psicológicas y físicas“. Smolansky indicó que la persecución a los alcaldes opositores comenzó a los pocos días de ser elegidos en 2013.

 
 

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En términos similares se pronunció después Omar Lares, alcalde de la municipalidad Campo Elías, en Mérida. “Existe un hecho sistemático de persecución contra alcaldes, además reiterativo en el tiempo”, manifestó.

Las audiencias sobre Venezuela están impulsadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en el informe que presentó en julio sobre el país latinoamericano consideró que hay indicios de crímenes de lesa humanidad.

En este proceso se busca analizar si el caso puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI). La OEA no puede hacerlo como organización, pero sí se abriría allí una investigación si cualquier país firmante del Estatuto de Roma, por el que nació, lo hace.

De los 34 miembros de la OEA, 28 lo son, incluida la propia Venezuela, que bajo el gobierno de Hugo Chávez fue de hecho el primer país de América del Sur en suscribir el Estatuto de Roma, con el que nació la corte.

 

Vechio“Hay una política de exterminio político en Venezuela contra quienes pensamos distinto al régimen d Maduro”, expuso en la OEA el dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio

 
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