Martes, 01 Noviembre 2016 00:00

Visiones contrapuestas y críticas durante el Examen de DD HH de Venezuela en la ONU

 
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Japón solicitó formalmente a Venezuela asegurar el trabajo periodístico libre Japón solicitó formalmente a Venezuela asegurar el trabajo periodístico libre Foto IPYS

OMAR HnegraEste martes 1 de noviembre se llevó a cabo el diálogo interactivo con Venezuelaen el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que se desarrolló en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

Como se recordará, el Consejo de Derechos Humanos donde el examen tuvo lugar, es un órgano intergubernamental y por tanto de carácter político y naturaleza diplomática, lo que en ocasiones se evidencia en el tipo de intervenciones que se dejan escuchar de parte de los Estados Miembros del ente mundial, que dejan entrever en ciertos momentos sus afinidades ideológicas o geoestratégicas con sus pares.

Pese a ello y a la marcada diferencia de esto en relación con otros componentes del sistema de Naciones Unidas, el consejo se ha convertido en uno de los ejes fundamentales del multilateralismo para la efectiva promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

¿Qué es el EPU?

La Asamblea General de la ONU cuando creó al consejo en 2006 para sustituir a la desprestigiada comisión que le antecedió, determinó el establecimiento de un Examen Periódico Universal que además de ser integral, rompería con los esquemas previos de selectividad, al obligar a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a someterse al mismo cada cierto tiempo.

La Resolución 60/251 que le ampara dispone que tal examen debe estar “basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos”. De manera que de lo que se trata no es de un mecanismo inquisitorial sino de contrastar, con pruebas a la mano, la concordancia entre tales obligaciones y compromisos y, la realidad sobre el terreno.

A lo anterior se suma que la resolución expresa que el examen en cuestión también se basa en un “diálogo interactivo, con la participación plena del país de que se trate”, así que tampoco se trata de un tribunal de derechos humanos ni reviste los rasgos distintivos de instancias análogas que encontramos a nivel regional. Probablemente la característica más significativa del examen, que más bien no es tal sino una revisión (de allí su denominación en inglés de review), sea aquella prevista en la resolución 5/1 del propio consejo, que dispone tres documentos esenciales como parte integral del mecanismo, que se hacen circular previo al diálogo interactivo con el Estado y están disponibles en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

La resolución mencionada plantea como tales documentos: 1. “la información preparada por el Estado examinado, que podrá consistir en un informe nacional” (en cuya redacción debería participar la sociedad civil), 2. “una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la información contenida en los informes de los órganos de tratados, los procedimientos especiales (...) y otros documentos oficiales pertinentes” y, 3. “la información creíble y fidedigna adicional que proporcionen otros interlocutores pertinentes” -en especial las organizaciones no gubernamentales-, cuyo resumen prepara la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El contexto previo

Sin duda alguna que la imagen del Estado venezolano y los muy recientes acontecimientos en Venezuela que antecedieron al EPU, vislumbraban un panorama sombrío que claramente marca distancia con la visión que presentó o al menos intentó presentar la delegación venezolana este martes.

A principios de agosto, por ejemplo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión, David Kaye, expresó su preocupación por los “recientes ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes, que aumentan la presión sobre los medios de comunicación en Venezuela”. “Esto es especialmente alarmante dada la escasez de alimentos y medicamentos en el país, la crisis económica y las fuertes tensiones”, agregó.

El propio alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, en septiembre, durante la apertura de la sesión de este mismo consejo, dedicó parte importante de sus palabras a la “represión de las voces de oposición y de los grupos de la sociedad civil” en Venezuela y listó una larga lista de denuncias de violaciones a los derechos humanos llamando en este sentido, al “respeto de las normas internacionales” sobre la materia.

De manera que al menos desde la propia organización, Venezuela es objeto de escrutinio. Y, aunque el nombre de lo que ocurrió este martes era diálogo interactivo, en realidad las intervenciones de la delegación venezolana fueron discursos preparados y no respuestas concretas a las preocupaciones vertidas por los gobiernos.

Voz oficial

Durante el segundo ciclo del EPU en el caso venezolano, al diálogo interactivo acudió una muy nutrida delegación venezolana de todos los poderes públicos -con ausencia notable de la Asamblea Nacional, al menos en lo que pudo observarse- y al mismo tiempo, unos pocos representantes de diversas entidades de la sociedad civil venezolana que suministraron amplia y detallada información a otros gobiernos respecto de la realidad en nuestro país y contribuyeron con el documento de los interlocutores pertinentes con sus aportaciones, incluyendo la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, con sede en Puerto Ordaz. Una visión no necesariamente compartida por la voz oficial de Venezuela y en buena parte de los casos, diametralmente opuesta a esta.

Las varias intervenciones de la delegación venezolana con un tiempo milimétricamente medido por la presidencia del consejo dado que esta semana también fueron y serán objeto de examen Togo, Siria, Islandia, Zimbabwe, Lituania, Uganda, Timor Oriental y Moldavia, estuvieron marcadas por la presentación profusa de datos cuantitativos y, en menor medida, algunos otros cualitativos, sobre las bondades de las políticas públicas implementadas en materia de derechos humanos por distintos órganos de la administración.

Empero, el grueso de las declaraciones de la jefa de la delegación en pleno, la canciller Delcy Rodríguez, se circunscribió a enconadas críticas contra el modelo capitalista y el sistema imperialista y a exponer el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019.

La titular de la diplomacia venezolana al hacer uso del derecho de palabra realizó varias referencias a situaciones lamentables de derechos humanos en otros contextos geográficos -pese a que el énfasis de la reunión era de hecho Venezuela-.

La ministra no desaprovechó el espacio para reiterar la habitual prédica doméstica sobre acusaciones respecto de presuntas campañas internacionales de desprestigio protagonizadas por medios de comunicación social de Venezuela y el extranjero, así como a los efectos de lo que tildó de guerra económica en el avance y efectivo goce y ejercicio de los derechos humanos. Calificó de humanista el proceso político que representa y de innegables e irreversibles los avances que a su juicio, se han logrado en cuanto a derechos humanos.

Críticas y sugerencias

Los señalamientos contra el Estado venezolano fueron variados entre más del centenar de intervenciones que se pudieron oír este martes en Ginebra. Varios países, como India, pidieron a Venezuela aceptar la asistencia técnica ofrecida por Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Otros más, como Perú, pidieron a Venezuela extender una invitación a los relatores especiales de la organización que durante años han solicitado hacer visitas oficiales al país para evaluar la situación de derechos humanos dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Finlandia fue la primera delegación en referirse a ello y también a la escasez de medicinas e insumos médicos, algo que también se incluyó en las intervenciones de no pocos países.

Italia por su parte pidió “adoptar medidas adicionales para mejorar las condiciones de las cárceles”, un tópico que sería abordado luego por delegaciones análogas y “garantizar un uso de la fuerza proporcional por las fuerzas de seguridad”.

Aunque la libertad de expresión figuró entre las preocupaciones de algunos países, Japón introdujo formalmente la solicitud a Venezuela de “asegurar el trabajo periodístico libre por parte de la prensa”, a lo que siguió Letonia requiriendo eliminar los obstáculos al trabajo que ésta desempeña. En tanto, México incluyó en el diálogo la cuestión de la independencia del Poder Judicial en Venezuela, respecto de lo cual Holanda pidió suprimir la provisionalidad de los jueces a la par de castigar a los perpetradores de ataques a periodistas.

Nueva Zelandia reiteró la incompatibilidad de los derechos humanos con las detenciones arbitrarias, Alemania pidió restaurar el estado de derecho en Venezuela, Filipinas exhortó a “asegurar que la legislación doméstica esté en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos” y Eslovenia llamó a “respetar la autonomía de las universidades”.

En paralelo, España reclamó mayor acceso en Venezuela a la información pública, algo incluso solicitado por Sudán, que habló de intensificar los esfuerzos que hubiere sobre ello y, el Reino Unido y Estados Unidos llamaron al gobierno a dialogar con la Asamblea Nacional y dejar que pueda trabajar, respectivamente. La delegación estadounidense exigió además la liberación de presos políticos, lo que también hizo Australia.

Los miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) fueron especialmente agudos en sus apreciaciones. Uruguay pidió a Venezuela reconsiderar su denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y “realizar investigaciones independientes y exhaustivas en casos de denuncia de violaciones de derechos humanos y garantizar a las victimas acceso a la justicia”.

Argentina criticó a Venezuela por su falta de cooperación con las Naciones Unidas sobre derechos humanos y Brasil urgió a garantizar la independencia de la autoridad electoral y permitir sin demora el referéndum revocatorio, a la par de aceptar donaciones internacionales para salvaguardar el derecho a la alimentación en Venezuela.

Suecia fue uno de los pocos que habló de la criminalidad en Venezuela y pidió reducir el número de homicidios, tema sobre el que se refirió en la misma línea la Santa Sede, que llamó a combatir la violencia criminal.

Otros tópicos también se dejaron escuchar, incluyendo llamados a reforzar la lucha contra la corrupción, el embarazo precoz y la violencia de género así como, a mejorar la educación y formación en derechos humanos.

Guatemala pidió evitar el adoctrinamiento en las escuelas y Perú eliminar la instrucción premilitar. Mención aparte merece la intervención de Ucrania, que pidió a Venezuela respetar la integridad territorial de los miembros de Naciones Unidas. Ello, en alusión probable al apoyo venezolano a las apetencias rusas en varios países de la ex URSS, incluyendo la propia Ucrania.

Internacionalista

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