María Ramírez Cabello

Un día después del paro cívico convocado por la oposición para rechazar el fraude constituyente, varios de los negocios que bajaron sus santamarías en Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Upata amanecieron este viernes con inspecciones del Seniat, cuyos funcionarios intimidaron, multaron o, en el peor de los casos, aplicaron medidas de cierre a los comercios fiscalizados. Persiste con ello la sistemática persecución contra la disidencia y la criminalización a la protesta.

Representantes de cuatro centrales sindicales valoran la diligente atención del organismo internacional en el “momento decisorio de la historia de Venezuela y de la clase trabajadora”.

En decenas de tiendas que se mantuvieron cerradas, colocaron carteles en las puertas principales explicando que por falta de personal no pudieron operar.

Dirigentes de Mosbase admiten que existe temor en los trabajadores públicos, debido a las amenazas y la persecución que genera la disidencia política.

El asesor legal de Camcaroní, Mario Castro Villegas, sostuvo que el cierre de 24 horas de las compañías no afecta los ingresos al fisco municipal.

La cesta de alimentos escaló 24,1% en el sexto mes del año, por lo que una familia venezolana requiere 18,9 salarios mínimos para cubrirla.

“Les dejamos a los trabajadores la libertad de que sean ellos los que decidan si sumarse o no”, manifestó el presidente de Camcaroní respecto a la convocatoria de la coalición opositora para este jueves.

El presidente de la Corporación del Aluminio y de CVG Alcasa, Ángel Marcano, aseguró que “un gerente que esté en contra de la revolución no puede ser gerente”, al preguntársele sobre los trabajadores que decidan no participar de la Constituyente. Con esto no solo justifica la persecución política contra los trabajadores que ya se ha venido gestando en el parque industrial guayanés, sino que radicaliza la violación de los derechos laborales en nombre de la “revolución”: apenas es el preludio de la consolidación dictatorial que implica el fraude pactado para el 30 de julio.

El gremio manifestó que apoya toda acción necesaria, en el marco de la Constitución, que conduzca al restablecimiento del hilo constitucional, renovación de poderes y convocatoria a elecciones.

Masiva participación en la capital del estado y en los municipios del sur, golpeados por la criminalidad y la anarquía minera. La dirigencia política valora la inmejorable organización ciudadana al servicio del rescate de la democracia.

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