Miércoles, 25 Abril 2018 00:00

Claridad y transparencia

Más del 80% de los venezolanos desea la salida de Maduro y un cambio integral de régimen en el menor tiempo posible. Sin embargo, “los rusos también juegan” y la dictadura profundiza en el uso y el abuso de poder contra esa enorme disidencia.

Apoderados de la empresa Metalmecánica del Orinoco denuncian el presunto vínculo de amistad entre la jueza a cargo del caso de Andrés Escalona, dirigente del sindicato Muralla Roja, quien fue privado de libertad luego de las denuncias de extorsión contra directivos de la compañía y amedrentamiento hacia los trabajadores.

Desde Bogotá, Luisa Ortega basó sus acusaciones en el caso Odebrecht. "Las obras nunca fueron terminadas ni evaluadas, son un monumento a la corrupción (…) Maduro incurrió en delito de corrupción en su condición como Presidente de la República (…) estamos frente a un consenso lucrativo".

La organización recordó que durante el discurso de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, solo cantó loas a la dictadura y obvió los datos que hablan sobre la impunidad.

El Salón de las Américas, propio de los actos de la OEA, fue escenario de una ceremonia de juramentación de una veintena de los 33 abogados a los que la Asamblea Nacional designó en julio como magistrados del TSJ. Antes del acto se retiraron de ese salón la bandera de la OEA y el resto de símbolos de la organización.

Voceros históricamente antagónicos y viejos amigos del chavismo en la comunidad internacional se unieron esta semana para un ejercicio común: pedirle a Nicolás Maduro que desista de su idea de una asamblea nacional constituyente. No funcionó. Y el aspirante a dictador avanza en su proyecto tanto como sus cuerpos represivos de seguridad. La Mesa de la Unidad anunció este viernes la radicalización de la hora cero: el todo o nada que comienza hoy con la marcha al TSJ.

El Presidente de la República aseguró que acata y respeta la orden del Tribunal Supremo de Justicia sobre la medida de arresto domiciliario contra el líder de Voluntad Popular en el mismo acto en el que lo llamó “monstruo de Ramo Verde”.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en línea subordinada al gobierno de Nicolás Maduro, aprobó medidas radicales en contra de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en un proceso que apunta claramente a su destitución y a la abolición del Ministerio Público como órgano titular de la acción penal en Venezuela. Ortega Díaz no podrá salir del país; tiene prohibido enajenar y gravar sus bienes y sus cuentas bancarias han sido congeladas.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz desconoció las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, reiterando la ilegitimidad de sus magistrados, a la vez que juró defender hasta con su vida la constitución y la democracia.“Evidentemente hay una clara intención de anular el Ministerio Público”, afirmó Ortega Díaz.

La ONG explica cómo las órdenes emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo contrarían el artículo 68 de la Carta Magna y el 43 de la Ley de Policía, sino que implica una amenaza latente contra la voluntad del pueblo, expresada en votos, ante posibles destituciones de alcaldes.

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