Voceros históricamente antagónicos y viejos amigos del chavismo en la comunidad internacional se unieron esta semana para un ejercicio común: pedirle a Nicolás Maduro que desista de su idea de una asamblea nacional constituyente. No funcionó. Y el aspirante a dictador avanza en su proyecto tanto como sus cuerpos represivos de seguridad. La Mesa de la Unidad anunció este viernes la radicalización de la hora cero: el todo o nada que comienza hoy con la marcha al TSJ.

El Presidente de la República aseguró que acata y respeta la orden del Tribunal Supremo de Justicia sobre la medida de arresto domiciliario contra el líder de Voluntad Popular en el mismo acto en el que lo llamó “monstruo de Ramo Verde”.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en línea subordinada al gobierno de Nicolás Maduro, aprobó medidas radicales en contra de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en un proceso que apunta claramente a su destitución y a la abolición del Ministerio Público como órgano titular de la acción penal en Venezuela. Ortega Díaz no podrá salir del país; tiene prohibido enajenar y gravar sus bienes y sus cuentas bancarias han sido congeladas.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz desconoció las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, reiterando la ilegitimidad de sus magistrados, a la vez que juró defender hasta con su vida la constitución y la democracia.“Evidentemente hay una clara intención de anular el Ministerio Público”, afirmó Ortega Díaz.

La ONG explica cómo las órdenes emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo contrarían el artículo 68 de la Carta Magna y el 43 de la Ley de Policía, sino que implica una amenaza latente contra la voluntad del pueblo, expresada en votos, ante posibles destituciones de alcaldes.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconociendo, al menos, los artículos 5 y 347 de la Constitución, elimina el Poder Constituyente Originario para evitar que Nicolás Maduro se cuente en elecciones abiertas, se atornille en el poder, siga dinamitando las válvulas de escape de la presión social, y con ello, abrir las vías para más violencia en el país.

El observatorio venezolano de justicia propone capacitar a jueces, no solo en materia jurídica, sino en la realidad de la vida del país y en el funcionamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos.

50 ONG señalan que el decreto de estado de excepción y emergencia económica Nº 2323, prorrogado por Maduro en seis ocasiones, facilitó la implementación de medidas violatorias de los derechos humanos.

Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas pidieron, además, respeto al derecho a la protesta: “en situaciones como esta es cuando precisamente los gobiernos deben hacer más para proteger los derechos de las personas”.

Las opiniones se dividen, pero quienes rechazan la “propuesta” de Nicolás Maduro sobre ir a elecciones con ánimos de aplazar las protestas, se sustentan en la situación actual de la Asamblea Nacional, electos por voto popular y con el actual CNE pero cuyo ejercicio ha sido boicoteado por el gobierno e instituciones como el TSJ.

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