La ONG Transparencia Venezuela revela hallazgos sobre la dimensión de los negocios con Odebrecht y los pobres resultados para el país y la sociedad venezolana, luego de cinco años de documentación y procesamiento de datos oficiales. El informe detalla que 29.974 millones de dólares contrató el gobierno revolucionario con la empresa brasileña, lo que a su vez implicó sobornos superiores a los 1.300 millones de dólares y una deuda de más de 16 mil millones de dólares.

Las dos polémicas más recientes fueron la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la posibilidad en días de que el ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, vaya a la cárcel. Mientras tanto, los anuncios oficiales en Venezuela se han concentrado apenas en exigir la terminación de las obras, sin que hasta ahora se inicie una investigación en el segundo país en el que la constructora pagó más sobornos a las autoridades.

La organización recordó que durante el discurso de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, solo cantó loas a la dictadura y obvió los datos que hablan sobre la impunidad.

Los recursos de que dispondrá el Poder Popular Electoral se incrementaron 163% para alcanzar los Bs. 40 mil millones, convirtiéndose en uno de los organismos públicos con la mayor modificación en su presupuesto anual en términos porcentuales hasta la fecha.

La suspensión por razones éticas se extenderá “hasta tanto la asamblea general tome una decisión definitiva sobre su conducta o se mantengan abiertas en los organismos oficiales averiguaciones legales que comprometan su ética empresarial”.

Las investigaciones de la Asamblea Nacional en el sector eléctrico, hospitales, Pdvsa, y 12 obras inconclusas determina que el despilfarro del chavismo supera los 87 mil millones de dólares.

Con asesoría de las ONG Espacio Público y el capítulo regional de Transparencia Venezuela, 60 estudiantes de Derecho firmaron la petición que fue entregada este 24 de febrero en la sede principal de la estatal.

Las ONG Transparencia Venezuela, Espacio Público, Sinergia, Acceso a la Justicia, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Centro de Justicia y Paz (Cepaz), reúnen en su libroMemorial de Agravios 2016 un compilado de 100 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que ponen en peligro el acceso a la información, el derecho a la denuncia y demás derechos, siempre en favor de los intereses del Gobierno y nunca del lado de los ciudadanos.

Ni Leandro Stoliar ni Gilson Souza de Oliveira, trabajadores de la Rede Rocord, quebrantaron la Ley de extranjería e inmigración. El pecado de ambos y el de los venezolanos María José Túa y Jesús Urbina, de Transparencia Venezuela, fue investigar uno de los entramados de corrupción más grande de los últimos tiempos. Organizaciones como el SNTP y Espacio Público argumentaron que todo esto no fue más que un atropello.

A través de un documento sustentado, la ONG precisó que la irregularidad es violatoria del derecho de libre circulación de los venezolanos.

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