Una estimación de Fedecámaras ubicó en 10 por ciento los comercios que acataron la paralización. Comerciantes y trabajadores consultados se justificaron en “si no trabajo, no como”.

El habitual esquema de repartición de beneficios en vísperas electorales no solo evidencia la ratificación de la política demagógica y clientelar del Gobierno, sino el desgaste de sus mecanismos de congraciamiento con la población: esa a la que reprime por exigir el cambio político, que desconoce para emprender un proceso constituyente, pero a la que pretende engañar prometiendo combatir la inflación con una Asamblea que aspira elegir el 30 de julio.

Corrientes laborales adversas al oficialismo aseguran que la negociación se ha hecho a puerta cerrada. Resaltan que la entrega de cajas gratuitas del CLAP es bienvenida, pero no comprará conciencias.

El caserío del municipio Independencia, del estado Anzoátegui, lleva tres días de protesta que comenzó por una razón: hace una semana depositaron cinco millones de bolívares para la bolsa de comida del CLAP y nunca llegó. Les ha tocado pasar hambre y no hay esperanzas de que eso cambie.

La comunidad indígena Kariña, de Mamo Arriba, fue la que mantuvo su protesta más tiempo, denunciando no haber recibido la bolsa de comida desde el 23 de enero de este año.

Este jueves cerraron la vía principal de Castillito para exigir una bolsa de alimentos a precio regulado, luego de pasar la noche sin dormir para evitar que un grupo de vecinos saquearan el mercado de Puerto Ordaz.

Vecinos de Francisco de Miranda, Ruiz Pineda y Pozo Verde cerraron las vías exigiendo al Gobierno la continua distribución de comida a precios regulados, sin tener que trancar calles para ello.

Los vecinos cerraron la vía a El Pao y en la entrada de la parroquia Pozo Verde exigiendo tratamientos, luego de que Yeison Daniel Reyes, un niño de apenas 3 años, falleciera luego de cuatro días sin recibir la primera dosis. Esta es la cuarta víctima fatal de paludismo confirmada por Correo del Caroní en lo que va de año. Es, también, el rostro de la crisis humanitaria: la que el Gobierno se niega a reconocer mientras impone, a punta de represión, una Constituyente fraudulenta.

Sócrates Salgado, de 50 años de edad, es la víctima 65 en las manifestaciones de calle contra la constituyente de Nicolás Maduro. Ocurrió anoche en Vargas. Antes, en Caracas, un grupo de encapuchados quemó la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en un hecho aún confuso, mientras resonaba la noticia sobre el mayor general Alexis Ramírez López y su renuncia a la secretaría al Consejo de Defensa de la Nación (Codena).

Ante las prerrogativas inescrupulosas del Estado, es muy poco lo que la oposición democrática puede hacer para detener este proceso en términos reales, asegura Marrón González en su artículo de esta semana.

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