Lunes, 10 Abril 2017 00:00

Pagos de deuda externa comprimen disponibilidad de divisas para importar alimentos

 
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Ecoanalítica indica que se ha planteado mayor control de los CLAP para reducir la corrupción “dado el recorte de liquidaciones de divisas previsto en esta etapa de emergencia” Ecoanalítica indica que se ha planteado mayor control de los CLAP para reducir la corrupción “dado el recorte de liquidaciones de divisas previsto en esta etapa de emergencia” FOTO ARCHIVO

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El pesado pago de más de 2 mil millones de dólares que la estatal petrolera Pdvsa debe desembolsar este miércoles a los tenedores de bonos amenaza con comprimir aún más la liquidez para importar alimentos, en un contexto de escasez desde hace más de dos años que ha llevado al Ejecutivo a implementar fórmulas restrictivas y de control social para entregar alimentos a las zonas populares en donde, supone, se encuentran sus bases de respaldo político.

Cada compromiso de pago en los últimos años genera altas expectativas, debido a la baja cotización del crudo en el mercado internacional. El de esta semana no fue la excepción.

Aunque Pdvsa informó el viernes de la semana pasada su compromiso de pagar los 2.060 millones de dólares a los tenedores de bonos con vencimiento en 2017 como reflejo de su “robusta capacidad productiva”, de dónde salieron los recursos ha sido la principal incógnita.

La firma Ecoanalítica explicó en su más reciente nota de coyuntura que consideran que la República posee los $ 2.283 millones para el próximo pago de deuda “y que el problema era la voluntad de pago”.

“La decisión de este comité, es que ‘por ahora’ pagan”, informó la consultora, en una nota firmada por el economista Alejandro Grisanti, quien asegura que la decisión devino de un intenso debate entre autoridades del Ministerio de Finanzas, Petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela (BCV).

Sin embargo, el Ejecutivo no ha aclarado si los recursos para el desembolso de más de 2 mil millones de dólares esta semana provienen de cuentas nacionales o de pactos como el denunciado con el fondo de inversión Fintech Advisory.

Por un lado, la agencia internacional Reuters informó a finales de marzo que Venezuela esperaba soporte de su aliada rusa Rosneft, a la que habría ofrecido una participación accionaria en la empresa mixta Petropiar a cambio de recursos para completar el dinero para el pago de la deuda. Del acuerdo, no hubo declaración oficial.

  El analista financiero Henkel García asegura que nunca la probabilidad de incumplimiento de pagos había sido tan alta como lo es ahora..  


El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, alertó a media tarde del viernes -a través de su cuenta en Twitter- que el Ejecutivo acordó la entrega de bonos al fondo buitre Fintech Advisory por $1.400 millones con un descuento de 68%. “País quebrado”, escribió.

“Ahogado el gobierno por una deuda contraída por él mismo ahora remata activos nacionales: por cada $ 100 en bonos recibe $ 32 en efectivo (…) (Ricardo) Sanguino en el BCV (como presidente) y (Ramón) Lobo en (el Ministerio de) Finanzas por orden de Maduro acaban de traicionar al país, entregaron $ 1.400 millones para recibir $ 450 millones”, añadió en posteriores trinos.

La operación que el Ejecutivo habría pactado con Fintech Advisory es conocida como repo y consiste en la compra/venta de bonos, letras y obligaciones generalmente, con el acuerdo de recomprarlos/revenderlos en un lapso pactado.

El mecanismo es similar al de una casa de empeño: un interesado acude al fondo, entrega bonos, recibe efectivo, pero en un tiempo previsto el acuerdo incluye que puede volver por los bonos a cambio del efectivo más intereses. Siempre existe el riesgo de no contar con los recursos para recuperar los valores.

Menos divisas para importar

Cualquiera sea el mecanismo acordado y cuyos resultados se verán el miércoles, la liquidez en las cuentas nacionales es restringida. Aunque el Ejecutivo, estima el asesor financiero, Henkel García, directivo de la consultora Econométrica, cuenta ya con los recursos para afrontar el compromiso de deuda “dejaría prácticamente en cero las divisas líquidas disponibles”.

De allí que considera que la disponibilidad de divisas para importar alimentos o productos esenciales como medicinas queda “muy comprometida, lo que no es buena noticia para el abastecimiento de los próximos dos meses. Buena parte de lo que llegue será gracias a divisas del sector privado”.

Pero el desembolso al sector privado ha retrocedido 45%, según cifras de Ecoanalítica, pasando de un promedio de $ 15,9 millones en el primer trimestre del 2016 a $ 8,8 millones en el primer trimestre del 2017. “Esta fuerte contracción de importaciones ha traído una profunda crisis económica, de la cual, desafortunadamente, no vamos a salir en el corto plazo”.

La contracción de las importaciones es evidente en los anaqueles de los supermercados, así como en el contenido de los suministros de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que las comunidades denuncian llegan a cuentagotas.

“Vienen unas cajas con leche de a kilo y otras de a medio kilo, no sé qué pasa con este Gobierno. Esto es otra burla más”, denunció Noé Romero, habitante de la parroquia Dalla Costa en San Félix hace un par de días cuando tras una jornada de protestas, recibieron los alimentos entregados por el Ejecutivo.

Los alimentos importados por el sector privado tampoco satisfacen el bolsillo de la población, si se considera que superan con creces los precios de los rubros producidos en el país que, en paralelo, han escalado debido a la liberación no oficial de los precios regulados.

Una de las medidas planteadas en el encuentro entre el BCV, Ministerio de Finanzas y Pdvsa, es precisamente reforzar el control o disminuir la corrupción en el sistema de distribución de bolsas de comida dado el recorte de liquidaciones de divisas previsto en esta etapa de emergencia. “El pago de la deuda externa va a traer una nueva restricción en la venta de divisas, por lo menos, hasta que se concrete la operación de oro monetario”, apuntó Ecoanalítica.

García asegura que nunca la probabilidad de incumplimiento de pagos había sido tan alta como lo es ahora. Y, en el corto plazo, los compromisos de pago se mantienen pues, precisó el analista financiero, los próximos pagos serán en el último trimestre del año cuando se tendrán que pagar cerca de 2 mil millones de dólares.

Operaciones de canje de oro

Otra rutas analizadas en la reunión entre el BCV, Ministerio de Finanzas y Pdvsa, asomó Ecoanalítica, fueron exhortar al Ejecutivo a que apruebe un decreto para despenalizar el uso de divisas por parte del sector privado, lo que, a juicio de la firma, sería muy positivo si se incorpora en su fijación de precios la libre oferta y la demanda y el Estado venezolano se involucra en la regulación y en la oferta de divisas.

Se planteó también concretar operaciones de canje de oro. Sobre este punto, Grisanti explicó que es imposible entender que el país esté al borde de una cesación de pagos y que, al mismo tiempo, el BCV mantenga $ 7.672 millones en oro. “En Ecoanalítica pensamos que esta operación se podría realizar en las próximas 8 semanas”, apuntó.

Centralizar en Tesorería un centro de información sobre los recursos en dólares para optimizar pagos fue otra de las propuestas, una alternativa que resulta lejana debido a la opacidad gubernamental en el manejo de las estadísticas socioeconómicas.

Ecoanalítica estima que el Estado venezolano podría contar con $ 13.041 millones (incluido el oro), “pero la falta de transparencia y la corrupción que lleva el manejo de divisas, ha hecho imposible que un solo ente maneje el flujo de caja en divisas. Desafortunadamente, no somos optimistas en que se logre centralizar la información de los flujos en divisas de la nación”.

Grisanti resaltó y es este uno de los puntos más relevantes que se empieza a crear un consenso entre bancos internacionales, multilaterales y empresas petroleras en torno a que cualquier operación que realicen con la República debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, un paso establecido en la Constitución Nacional pero que el Ejecutivo ha intentado saltar despojándola de sus funciones por la vía judicial, la raíz de las protestas de las dos últimas semanas.

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