“La opción militar no es la solución para disminuir los impactos de la minería en el Parque Nacional Canaima”, sostuvo el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón.

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El Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón emitió un comunicado en la noche de este martes, luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el que lo acusan de “cobarde” por fijar posición a destiempo luego de tres días de la incursión armada a Canaima, que dejó como resultado la muerte de un indígena que ejercía la minería ilegal.

Los indígenas califican al ministro como “colonizador y ladrón” por el maltrato a los indígenas en la operación militar; como “mentiroso” para señalar que se está realizando un proceso de diálogo con los pueblos indígenas y como “asesino” por la muerte en el operativo militar de Charlie Peñaloza, un pemón de 21 años.

El Ministro de Defensa dice que hubo enfrentamiento armado. ¿Cuál enfrentamiento si los hermanos indígenas no tenían armas?, en definitiva, usted es: Ministro difamador”, señalan en el comunicado, en el que solicitan a Padrino López que renuncie a su cargo, alegando que la Fuerza Armada “es protector de su pueblo y no su verdugo y asesino”.

“Ministro ignorante, los pueblos indígenas existíamos, existimos y existiremos en resistencia permanente, y lo que hoy sucede es la profundización de la lucha libertaria y una verdadera revolución antiimperialista”, puntualizaron.

Resaltaron que el pueblo pemón no depende de organizaciones no gubernamentales ni otras instancias internacionales, “ya que como principio tenemos mantener nuestra identidad ancestral, manteniendo el paralelismo con la autosustentabilidad destacando muchas de nuestras habilidades en áreas como el turismo, la actividad agrícola, la artesanía”.

Incursión fue “un acto terrorista”

En un segundo comunicado, el Consejo de Caciques Generales responzabiliza al Ejecutivo de la “operación encubierta tipo militar” en la que resultaron heridos dos indígenas y uno fallecido “por armas de la República”.

“La operación militar fue ejecutada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) dirigida por el General Hernández Lagar, Mayor Barrios alias ‘El Indio’, Mayor Alexander Granco alias ‘Taliban’, 1er Teniente Fernández; junto con 21 efectivos tropas y oficiales expertos en explosivos, cabe destacar que los hermanos indígenas Carlos Peñaloza y el hoy occiso Charlie Peñaloza Rivas en ningún momento portaban armas, por lo que la Comisión de Investigación considera la acción como un acto terrorista”, apuntan.

Señalan que la investigación arrojó que la operación contó con la colaboración del ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, “quien facilitó logística con aeronaves y la sede de Corpoelec, la GNB acantonada en Kanaimö, según interrogatorio a los detenidos, campamento Arameru y Excursiones Kavac, quienes prepararon el hospedaje y las excursiones correspondientes”.

Solicitan presencia de Padrino López

El Consejo de Caciques solicitó la presencia del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez y del director de la Dgcim para que rindan reclaraciones ante la instancia indígena, que a la par será la encargada de procesar y sancionar a los cinco detenidos en Canaima, que supuestamente participaron en la operación armada.

“La opción militar no es la solución para disminuir los impactos de la minería en el Parque Nacional Canaima”, sostienen, por lo que exigen que el Gobierno retire toda operación militar encubierta en el sector Wonken (Iraumata) y Urimán (Aripichi), en donde –aseguran- se han avistado aeronaves y un equipo de dron, lo que consideran “un acto de provocación”.

“Los detenidos serán condenados y sancionados por la Jurisdicción Especial Indígena y el Estado deberá reconocer esta decisión; así mismo se solicita a la Dgcim, la presentación de los funcionarios involucrados para realizar sus respectivos interrogatorios como parte de la investigación que se lleva del caso”.

Por último, declararon personas no gratas al ministro Motta Domínguez y a la periodista Valentina Quintero, quien aseguran “en vez de colaborar en la búsqueda de soluciones, de una situación crítica y conflictiva, emite opiniones, arremetiendo contra las autoridades legítimas del pueblo pemón”.

En un reciente post en su cuenta de Instagram, Quintero llamaba la atención sobre el crimen ambiental que generaba la minería en Canaima, un territorio frágil y de rica biodiversidad. “¿Por qué en ninguno de sus comunicados, y tampoco en sus declaraciones a la prensa, la Comunidad de Canaima o el Consejo de Caciques se han pronunciado sobre esta destrucción en su tierra? ¿Por qué no aplican sus leyes a sus hermanos que destruyen sus tierras? De acuerdo con sus leyes ancestrales la madre tierra es sagrada y le toca a ustedes protegerla. Las aguas son su más preciado tesoro y las están envenenando con mercurio”, criticó.

Tras la declataroria del Consejo de Caciques, Quintero declaró este miércoles que su posición es la defensa a ultranza del Parque Nacional Canaima. “Ya quedará en la responsabilidad de este gobierno que ha sido absolutamente criminal la responsabilidad de la destrucción que están haciendo en el resto del país (…) mi causa es el turismo y me concreto al Parque Nacional Canaima, que es Patrimonio Natural de la Humanidad”, expresó en una entrevista con TV Venezuela.

Sostuvo que este gobierno debe garantizar las condiciones para que el turismo vuelva “y los pemones puedan volver a vivir del turismo”.