Una actividad que se salió de control, por falta de correctivos del Gobierno, ahora genera violencia, afecta el poco turismo en el Parque Nacional Canaima y causa devastación en el ambiente. Comunidades indígenas mantienen retenidas a cinco personas.

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Amazonía saqueada

Un estudio inédito, publicado este lunes por la organización Infoamazonía y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), indica la existencia de 2.312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales como oro, diamantes y coltán, en los ecosistemas selváticos de seis países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La investigación destaca que de todos los puntos mapeados, la mayoría se encuentra en Venezuela, seguido por Brasil, Ecuador y Perú. En Venezuela, hay específicamente 1.899 de los 2.312 puntos mapeados, es decir, 82% del total.

En todos los países analizados, indica el trabajo, “se encontraron evidencias de daños a áreas naturales protegidas, por deforestación, apropiación de tierras destinadas a la preservación y reducción de fauna en los ríos, bosques y otros ecosistemas naturales”.

En este punto, destacan las afectaciones en el Parque Nacional Yapacana en el estado Amazonas, en donde murieron tapiados cuatro indígenas piaroas a mediados de noviembre mientras practicaban minería ilegal. En esta zona, se ha documentado también la presencia de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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La situación en Canaima siguió agitada este lunes, tras un convulso fin de semana en el que al menos 16 hombres armados irrumpieron en una mina ilegal en el río Carrao en pleno Parque Nacional Canaima, ocasionando la muerte de un indígena de la etnia pemón y provocando heridas en otros dos pobladores.

Pese a la violencia en una zona de alta vocación turística y la suspensión de las elecciones de concejales, ninguna autoridad nacional se ha pronunciado para explicar con detalles qué ocurrió y el objetivo de los funcionarios armados pertenecientes, según miembros de la comunidad, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Fuentes del Parque Nacional Canaima informaron que los 16 hombres llegaron el viernes a la comunidad como turistas, sin identificarse como funcionarios de seguridad. Se hospedaron en dos campamentos turísticos de Canaima y compraron una excursión de visita al Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo y principal atractivo de estas tierras prístinas.

El recorrido hacia el imponente salto de agua arrancó pasadas las 10:00 de la mañana del sábado. “Van en dos curiaras para la excursión, pero llegando a La Orquídea encañonan a los guías, los golpean y los obligan a llevarlos a las minas”, relata Gregorio Díaz, presidente de la Asociación de Operadores Turísticos de Canaima (Asocanaima). Dos helicópteros, presuntamente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se suman al operativo, y al llegar a la zona minera en el río Carrao, en un sector conocido como Arenal, los sujetos avistan las balsas mineras y empiezan a disparar.

Videos enviados por dirigentes indígenas dan cuenta de las ráfagas de disparos en el sitio. Allí, resultan heridos tres indígenas, de los cuales Charlie Peñaloza Rivas murió, mientras era atendido en el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar.

“Cuando los hieren, los pemones que estaban en Arenal negocian para que el helicóptero los lleve hasta Canaima, pero al llegar fueron recibidos con una ráfaga de disparos y bombas lacrimógenas en el aeropuerto. La gente de Canaima entró en desespero”, contó Díaz. Quienes recibieron con disparos y lacrimógenas al helicóptero eran también miembros del componente armado que había ido a la supuesta excursión.

Tras los hechos, la comunidad retuvo a dos trabajadores de Corpoelec, a quienes acusan de ser cómplices de la operación al guardar las armas y explosivos y a tres sujetos armados que formaban parte del grupo de supuestos miembros de la Dgcim. “Para nosotros son malandrines que vinieron a alterar la paz de los que vivimos en Canaima”, afirmó el operador turístico.

“Los generales de la Guardia Nacional nos han dicho que no saben cómo se movieron estos helicópteros. Que no tenían conocimiento del operativo. Si para llevar un poquito de comida, nosotros somos requisados de arriba a abajo, ¿cómo es que se mueven helicópteros con insurgentes y nadie sabe?”, cuestionó.

Uno de los hombres retenidos, miembro del componente armado, evitó decir a qué grupo pertenece cuando fue detenido. "Odio a los militares (...) Llegará el momento en que digamos quiénes somos", dijo el hombre, de acuerdo con videos enviados por habitantes de Canaima, que le pedían explicaciones, respeto a la comunidad indígena y justificaban la extracción minera por el retroceso de la actividad turística y el hambre.

Los dirigentes indígenas de la zona acudieron a los campamentos turísticos en los que se hospedaron los hombres armados, recabaron las listas de nombres y cédulas, pero al verificarlas en el portal del Consejo Nacional Electoral no hay coincidencias entre el número de identificación y el nombre.

El objetivo del componente armado tampoco está claro. En la comunidad, algunos consideran que el fin era desalojar a los mineros que ejercen la actividad ilegal en el Parque Nacional Canaima, debido a sus severas implicaciones medioambientales en esta zona corazón de la Amazonía venezolana. Otros presumen que buscaban robar el oro extraído a los mineros ilegales y tomar el control de la zona.

“No era ningún operativo, era robarles, crear la zozobra para luego militarizar”, considera Ricardo Delgado, exalcalde del municipio Gran Sabana.

Destrucción en la Amazonía venezolana

La minería en el sur del estado Bolívar se ha expandido con fuerza en los últimos años, sin discriminar territorios o el tipo de población en ellos. La extracción de minerales como oro, coltán y diamante se da dentro y fuera de áreas nacionales protegidas e, incluso, en territorios indígenas en donde las comunidades se han visto forzadas a desarrollar la práctica como método de sobrevivencia.

Los pemones tiroteados eran mineros ilegales, que ejercen la actividad en busca de sustento, pero que contribuyen a la par a la devastación de estos frágiles suelos, cuya recuperación -estiman expertos- puede demorar décadas. Esto, en un contexto de escasa supervisión ambiental.


“Canaima está alborotada porque trabajamos con turistas, el fin de semana teníamos 39 turistas que se lograron sacar pero por ahora la pista está cerrada”, dijo el presidente de Asocanaima
         

“Los indígenas practican la minería por la situación económica actual, han ido a las minas para solucionar sus necesidades y eso se sabe a nivel nacional. El salario mínimo no permite mantener a las familias”, dijo el capitán de la comunidad de Kamarata, Abraham Sandoval, quien estima que cerca de 80 personas indígenas ejercen la extracción ilegal en balsas en el río y barrancos, como se le conoce a los hoyos bajo el suelo en los que construyen galerías artesanales para extraer material aurífero.

“El turismo ha decaído en más del 90% y la comunidad decidió irse a sobrevivir y la única forma es la minería. Estoy totalmente en desacuerdo con la minería, nos hemos reunido para buscar la forma de dejar esa vida, pero las opciones son pocas”, señaló el presidente de Asocanaima.

A principios de octubre, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, celebró la realización de una reunión con los líderes del pueblo pemón para “frenar cualquier operación de minería ilegal en las áreas protegidas. Nos mantenemos fieles al 5º objetivo histórico del Plan de la Patria, de preservar la vida”, escribió en su cuenta de la red Twitter.

Según Díaz, el gremio expuso estrategias para erradicar la minería, entre las que destaca el impulso al turismo a través de promociones, el arreglo de la planta de tratamiento y la microcentral, “pero nada de eso se ha cumplido”. “Incluso, vino una visita de la directiva de Conviasa presentando los aviones que volarían a esta ruta y que se inauguraba el 19 de octubre, pero eso tampoco ha ocurrido”, dijo.

Sandoval añadió que desde la reunión ministerial, solo han recibido traslados aéreos de cajas de alimentos subsidiadas por el Gobierno, a través del programa de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), “pero eso no es suficiente para que dejen de practicar la minería”.

Mientras las comunidades indígenas se mantienen en protesta y el turismo en Canaima está totalmente detenido por la decisión de cerrar el aeropuerto, se esperaba que este lunes el Consejo de Caciques realizara una reunión para decidir las próximas acciones, luego de la incursión armada.