En un comunicado, la Asamblea del Vicariato Apostólico del Caroní denunció que las acciones ejecutadas por el Estado no han sido suficientes ni efectivas en la implantación de un Estado de Derecho.

La Asamblea del Vicariato Apostólico del Caroní se pronunció recientemente por la violencia en el estado Bolívar. Esto por los ataques de grupos irregulares a las comunidades de: Kanaima, Kumarakapay, Santa Elena de Uairén, Manak-krü y más recientemente Ikabarú.

“Denunciamos que las apetencias extractivistas deben detenerse, pues el beneficio de pocos no puede estar por encima de los derechos de muchos. Denunciamos que las armas deben estar al servicio del resguardo de la integridad territorial y no en las manos de mercenarios al servicio de una élite minoritaria de turbios intereses”, señala el Vicariato en un comunicado.

Agregan que hasta los derechos humanos más básicos son cada vez más lesionados gravemente, al tiempo que reiteran que “las acciones ejecutadas por el Estado no han sido suficientes ni efectivas en la implantación de un Estado de Derecho, sino que han sido represivas y promotoras de corrupción y abusos por parte de las fuerzas de resguardo público. Asimismo, dichas acciones han generado en desunión y manipulación por parte de algunos líderes, menoscabando la autodeterminación de nuestro pueblo”.

A su vez, cuestionan el silencio de las autoridades nacionales y regionales del Estado para hacer visibles los problemas locales. “Las instituciones del Estado deben hacer presencia efectiva para resolver las situaciones acontecidas y no para justificar las mismas”, puntualizan.

Recientemente, el pueblo pemón de Gran Sabana también emitió un comunicado en el que denunciaron la violación del derecho a la vida, al honor, a la seguridad y el intercambio fronterizo.

“El pueblo pemón de Santa Elena de Uairén condena y denuncia ante las instancias nacionales e internacionales el homicidio ocurrido en Ikabarú el pasado 22 de noviembre de 2019. Donde la población de Ikabarú presenció la masacre, dando con ocho fallecidos. El pueblo pemón exhorta a las autoridades a que se haga una investigación seria y profunda, conjunta con la jurisdicción especial indígena”, dice el comunicado.

Asimismo, rechazan “cualquier tipo de proyecto inconsulto, referente a la minería o el proyecto de arco minero dentro de sector vi akurimö, sin la presentación previa del estudio de impacto ambiental e impacto sociocultural, militarización del aeropuerto y la instalación de alcabala móvil antes del 5102 escamoto cerca del puente dirección la línea (Brasil)-Santa Elena de Uairén sin cumplir con los procedimientos de consulta, establecidas en la Constitución y leyes especiales”.

Por último, exigen el cese de la persecución e intimidación a autoridades legítimas.

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