La frontera con Brasil, por el sur del estado Bolívar, era uno de los puntos para el ingreso de insumos y medicinas. En cambio, hubo represión armada y un saldo de cinco asesinados, entre ellos tres indígenas pemones.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La negativa del régimen de Nicolás Maduro de permitir el paso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, en un contexto de represión y violencia que dejó cinco asesinados por fuerzas militares en el estado Bolívar, motivó al Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos a emitir este viernes sanciones contra seis funcionarios que obstruyeron la entrega de los insumos y alimentos, entre ellos el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, Jesús Mantilla y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral en el estado Bolívar (ZODI), Alberto Bermúdez Valderrey.

“Los bloqueos fronterizos del expresidente Nicolás Maduro de camiones y barcos cargados con ayuda humanitaria son el último ejemplo de su régimen ilegítimo que restringe la entrega de alimentos y suministros críticamente necesarios para los venezolanos vulnerables. Estamos sancionando a los miembros de las fuerzas de seguridad de Maduro en respuesta a la violencia y las muertes trágicas", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Luego de la iniciativa de financiar toneladas de ayuda humanitaria, el Departamento del Tesoro señala que fuerzas militares y de seguridad controladas por Maduro “lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes y prendieron fuego a algunos camiones de ayuda humanitaria. Además, un barco que transportaba ayuda humanitaria desde Puerto Rico a Venezuela recibió una amenaza directa de fuego por parte de buques de la armada venezolana”.

Entre estos grupos represivos, identifican a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que, señalan, se presentaron en la frontera al mismo tiempo del anuncio de que la ayuda humanitaria llegaría a las regiones fronterizas. “Maduro ha cultivado el FAES para servir como una fuerza leal a él y no al pueblo venezolano o la Constitución”, indican en un comunicado.

En el caso de Guayana, las sanciones cayeron sobre el mayor general Mantilla, jefe militar en la región que abarca a los estados del sur de Venezuela: Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas. “Antes de las entregas humanitarias el 23 de febrero, Maduro instó a Mantilla a reforzar las medidas de seguridad en la frontera venezolana con Brasil para proteger al pueblo venezolano de cualquier provocación o violencia que pudiera ocurrir en la frontera. Maduro agregó que su régimen ilegítimo estaba preparando planes para el despliegue permanente de cuerpos militares en estas áreas fronterizas”, señalan.

También fue sancionado Alberto Bermúdez Valderrey, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral en el estado Bolívar (ZODI), en la frontera con Brasil, el punto en el que murieron cinco personas, incluidos tres indígenas de la etnia pemón.

En la madrugada del viernes 22 de febrero, una comisión del Ejército abrió fuego contra habitantes de la comunidad de Kumarakapay, que minutos antes habían impedido el paso de buses y convoyes militares, cuyo objetivo era reforzar la frontera para impedir el paso de la ayuda humanitaria. En la acción murió Zoraida Rodríguez, una indígena de 45 años y madre de cinco niños. Otros 15 indígenas fueron heridos de bala.

El sábado 23 de febrero, tres hombres fallecieron durante manifestaciones para presionar el ingreso de insumos y medicinas por la frontera con Brasil. La quinta víctima, Kliver Pérez, de 24 años, fue uno de los heridos en Kumarakapay. Murió la noche del miércoles en un hospital de Boa Vista.

Además de los jefes militares de Guayana, en la frontera con Brasil, fue sancionado Richard López Vargas, general de división y comandante general de la Guardia Nacional, a quien señalan de mantener a Maduro en el poder, “y es uno de los oficiales militares superiores de Venezuela que está ayudando a Maduro a mantener el control sobre las fuerzas armadas venezolanas”.

En el caso de la frontera con Colombia fue sancionado José Leonardo Norono, comandante de la ZODI Táchira, que limita con Colombia, quien a mediados de febrero de 2019 identificó a los miembros de la oposición como actores apátridas. Asimismo fue sancionado José Domínguez, comisionado jefe de la FAES en esa entidad, un grupo conocido “por su violento papel en la supresión de la disidencia de los opositores políticos, la oposición y los manifestantes de Maduro”, indica el comunicado del Departamento del Tesoro.

El sexto sancionado es el coronel Cristhiam Morales Zambrano, director de la Policía Nacional Bolivariana. “A principios de 2018, como jefe regional del PNB en el estado Táchira, Morales fue responsable de la fuga de varios convictos encarcelados en un edificio del PNB en el estado”.

Como parte de las sanciones, Estados Unidos bloqueó los bienes e intereses en suelo estadounidense de los sancionados.

Template by JoomlaShine