La ONG Codehciu presentó los resultados de su monitoreo de violencia armada con enfoque de género y ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar.

La violencia armada cada vez toma más rostros femeninos en sus víctimas, según los resultados del monitoreo de violencia armada con enfoque de género y ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar que hace la Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanos (Codehciu). La ONG observa, además, que en los últimos meses la mujer no solo aparece como víctima, sino que también como copartícipe del hecho delictivo, por diferentes casos, porque fue la pareja de un pran o heredó el poder de tal grupo delictivo. 

Esta es la realidad que se vive en el estado Bolívar, inclusive Monagas donde también tienen registrados casos de femicidios, que la ONG diferencia a lo comúnmente calificado como crimen pasional. Diferencia estos entre activos: cuando el victimario tiene o tenía un vínculo con la víctima; y pasivo: cuando no hay un nexo directo. 

“Hay un aumento proporcional entre las víctimas de violencia con casos de violencia armada”, destaca la coordinadora de Codehciu, Mairis Balza. 

Por otra parte, señala que la violencia de las zonas del sur de Bolívar han venido migrando a los sectores de San Félix y Puerto Ordaz, por lo que hay registros de casos de decapitaciones y desmembramiento de cuerpos. 

De enero a junio de este año, Codehciu registró 12 femicidios en el estado Bolívar, siendo mayo el mes con más víctimas, cinco. Nueve de estos casos fueron con armas de fuego, dos por arma blanca y uno sin identificar. Además, se registraron dos víctimas por cuerpos de seguridad del Estado, y dos por sicariato. 

En el caso de Monagas contabilizan en sus informes cuatro femicidios pasivos y un doble femicidio, se trató de dos jóvenes de 19 y 20 años presuntamente vinculadas a la vida delictiva. Asimismo, registraron un caso de trata de personas, la víctima era una niña.  

La trata de personas no ha sido relacionada con las desapariciones en comunidades, principalmente por problemas de cultura y socioeconómicos. Balza explica que en ocasiones la familia no lo ve en sí como un problema, mientras que a su regreso vuelva con dinero para resolver las necesidades en el hogar. 

En San Félix se toparon con cinco casos de desapariciones, de ellas solo dos regresaron, aunque no estaban vinculados a las minas al sur de Bolívar. En Monagas hubo un intento de comercializar con tres niños, donde la madre de uno de ellos estaba implicada. 

Los arrestos e imputaciones revelan también la falta de eficiencia por parte de las autoridades. La ONG explicó que hay casos en que una persona denunciada, solicitada, termina detenida en una redada y no precisamente por el delito por el que fue denunciado. 

La impunidad, como con el resto de los crímenes en el país, es de 94 a 96%. De todos los casos de femicidios expuestos por Codehciu, solo dos fueron resueltos. 

Albán, un caso de presunta ejecución extrajudicial 

Codehciu hizo referencia también a casos de ejecuciones extrajudiciales y se refirió a lo que el Estado informó como el suicidio del concejal Fernando Albán. 

Balza señaló que, si bien las autoridades han expuesto motivos para que Albán recurriera al suicidio, recordó que cuando se trata de derechos humanos, la carga de prueba se invierte; es decir, es el Estado el que debe probar que hizo lo posible para que no sucediera ese hecho. 

En cuanto a los registros en Bolívar, contabilizan al menos 11 víctimas de presunta ejecución extrajudicial, en los cuales los móviles manejados por los cuerpos policiales son: presuntos enfrentamientos, represiones y falta de atención médica una vez hecho el traslado. 

Codehciu amplió el tema de la trata de personas con un foro en la UCAB Guayana, el cual tuvo como ponente a la fiscal 16 del Ministerio Público en materia de violencia contra la mujer, Scarlet Alcalá.

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