La defensa de los médicos solicitó la medida, alegando que no hay peligro de fuga, según lo dispone el COPP.

Los tres médicos de Puerto Ordaz acusados de mala praxis y que fueron privados de libertad, recibieron este lunes una medida cautelar sustitutiva y estarán bajo arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial.

El abogado Richard Castillo explicó que la solicitud se realizó según lo contemplado en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), alegando que “no hay en ninguna circunstancia alguna de peligro de fuga ni de incriminar a las víctimas·.

“Estamos en la fase de la búsqueda de la verdadera justicia, porque aquí se cumplió con cada uno de los protocolos médicos para que realizaran las intervenciones quirúrgicas”, indicó.

El doctor Pedro Marín explicó que el protocolo por seguir fue que debido a la cesárea, la paciente sangró y se le realizaron maniobras manuales para detener el sangrado, pero no respondió, por lo que decidieron practicarle una histerectomía obstétrica, a consideración de que era el útero el que estaba causando el sangrado.

“Esa conducta fue heroica. La paciente no respondió aún a esa extracción de útero, se envía a un centro público, porque tiene un mayor respaldo de terapia intensiva, banco de sangre, condiciones que no estaban en el centro para brindarle ese soporte y falleció. También queremos darle el apoyo a los familiares, tienen un dolor grande, lo entendemos, no es una pelea contra ellos, intentamos demostrar que los médicos hicieron lo posible”, explicó.

El médico Luis Valera rechazó la calificación de los delitos: homicidio intencional y violencia obstétrica. “Actuaciones judiciales como esta, donde se penaliza el ejercicio médico en las condiciones en las que estamos, nos acorrala y nos va llevando a un callejón en el que en algún momento tendríamos que repensarnos el ejercicio médico. El llamado es a que no se siga criminalizando, que no se convierta en una espada de Damocles sobre los que aún permanecemos en el país”.

Mauricio Pérez, María Gabriela Hurtado y Albán de Jesús Doré Mejías, fueron imputados por los delitos homicidio intencional, agavillamiento y violencia obstétrica, por el fallecimiento de la paciente María de los Ángeles Gutiérrez, luego de sufrir una hemorragia tras practicársele una cesárea en un centro privado de Puerto Ordaz.

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