María Ramírez Cabello

El gobierno venezolano aseguró que la resolución es una “dura lección” para la petrolera, “pues el monto es incluso menor al que ofreciera legítimamente la República Bolivariana de Venezuela hace más de 10 años”.

Los empresarios han tenido que ingeniárselas para escribir los montos, abultados de números por la ola de hiperinflación. En algunos casos, los escriben de su puño en la etiqueta, advierten que falta un cero o que deben multiplicarlo por dos para el monto total. Otros adelantaron la práctica de la eliminación de tres ceros.

En algunos establecimientos, se consigue en Bs. 1,3 millones, pero en bodegones sobrepasa los Bs. 1,7 millones el kilo, un monto que supera con creces el ingreso mínimo legal de los trabajadores venezolanos. El salario mínimo se ha vuelto tan insignificante, en el actual contexto de hiperinflación, que no alcanza ni para cubrir un kilo de huesos rojos. Carniceros advierten que las ventas han descendido.

En una cruzada nacional, dirigentes sindicales aspiran unirse para enfrentar la actual crisis laboral, reclamar una medida cautelar a favor del ferrominero Rodney Álvarez y sumar recursos para apoyar a su familia.

Trabajadores presumen que los equipos serán trasladados para ser usados como repuestos en el estado Zulia. La empresa no confirmó la movilización.

La empresa informó, reseñaron medios locales, que reanudará operaciones el 25 de abril. No ha informado cómo procederá con los 232 trabajadores suspendidos.

La postergación del ISLR y el crecimiento de los agregados monetarios también alimentan los desequilibrios y las presiones al alza de la referencia no oficial.

Una familia, de cinco miembros en promedio, requiere 6,4 salarios mínimos diarios para cubrir los gastos en alimentos y servicios.

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