viernes, 29 marzo 2024
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Internet llega de la mano de 190 empresas privadas que cubren ineficiencia de Cantv

La conectividad en Venezuela se define en contrastes, entre comunidades completamente desconectadas y otras en las que abundan servicios de internet a altos costos, con una participación cada vez más grande del sector privado y un Estado que se limita a contar los billetes.

El pequeño triángulo amarillo que indica problemas con la conexión a internet en la barra de tareas de Windows es un viejo conocido de todo usuario de Cantv -empresa pública aglomera al 65% de los suscriptores de internet del país- que sabe de antemano que podría significar no tener acceso a página web alguna por horas, días, semanas, meses o incluso años.

Una empresa de la magnitud de Cantv, que en el pasado fue un estandarte de innovación y calidad, ahora es sinónimo de ineficiencia, lentitud y desinversión. Atrás quedaron los años en los que Venezuela destacaba por incursionar en la industria del internet y que su filial dedicada a la telefonía celular, Movilnet, vendía líneas telefónicas como pan caliente. En cambio, ahora es reconocida como esa compañía estatal que ofrece el servicio de internet más lento de toda la región.

Muchos factores podrían explicar la caída en desgracia de Cantv, pero todos apuntan al mismo hito: su nacionalización en 2007, de la mano de Hugo Chávez Frías. Desde entonces, los planes del gobierno chavista para expandir la red por todo el territorio nacional y llevar internet gratis a toda región se tergiversaron hasta convertir a la gigantesca empresa de telecomunicaciones en un repositorio de denuncias por su deficiente prestación de servicios.

Tras una década de desinversión y deterioro de la infraestructura nacional, el Gobierno abandonó su posición de proveedor, se hizo la vista gorda ante sus promesas, lavó sus manos y progresivamente empezó a dejar que privados operen la infraestructura de Cantv.

El ente encargado de regular, supervisar y controlar los servicios de telecomunicaciones en el país es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Este organismo tiene entre sus potestades otorgar la autorización a empresas privadas para operar las redes comunicacionales venezolanas.

La proliferación de empresas pequeñas y medianas se han centrado en la prestación de servicios a través de fibra óptica. Para hacerlo necesitan acceso a enormes cables submarinos que recorren todo el mundo y comparten conexión con Venezuela de la mano de diversas empresas. Actualmente hay seis cables intercontinentales que llegan a distintos puntos de la costa venezolana. Los operadores privados utilizan esas conexiones y las amplían con kilómetros de cables de fibra óptica hacia las principales ciudades del país.

El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), Pedro Marín, explica que esta nueva práctica ha permitido que cada vez más comunidades tengan conexión a internet, con mayor constancia y velocidad que Cantv, pero también con precios mucho más elevados. Además es una política que aprovecha la infraestructura ya construida y por lo tanto beneficia principalmente a las ciudades grandes.

Para las empresas, esta modalidad de prestación del servicio es rentable gracias a tarifas que abarcan un rango de entre $25 y $100, según el promedio estimado por Casetel. Por su parte, el Estado se lleva su tajada, pues Cantv y Corpoelec -ambas propietarias de las Vías Generales de Telecomunicaciones (VGT)- cobran $0,40 por metro de cable lineal operado por estas compañías. El mayor perjudicado es el cliente, con tarifas altas por un servicio que, al comparar con el resto de la región, sigue siendo deficiente.

Privados cumplen, pero siguen rezagados

Un buen servicio merece un pago acorde. Una buena cantidad de venezolanos estarían de acuerdo con este postulado tras experimentar las desgracias que ocasionaron los subsidios del chavismo en la prestación de servicios públicos. En este caso, Venezuela le dio la razón al dicho que reza “lo barato sale caro”.

Mediáticamente, Venezuela llegó a ser conocida por tener la internet más lenta de la región y la segunda más ineficiente de la que tiene registro el SpeedTest Global Index, un portal que se dedica a medir la velocidad de las conexiones de los usuarios que utilizan este servicio.

Desde 2019, cuando trascendió mediáticamente esta información, la situación ha mejorado y Venezuela ha escalado posiciones en lo que respecta a internet de banda ancha. Actualmente se ubica en el puesto 142 de los 182 que integran la lista con una conexión promedio de 11,10 Mb. Sin embargo, el indicador no es del todo preciso.

El director de la ONG defensora de derechos digitales VE sin Filtro, Andrés Azpúrua, explicaba con anterioridad a TalCual que la página registra únicamente la velocidad de los usuarios que utilicen la plataforma, algo que solo suele ocurrir entre quienes contratan un servicio más competente y comprueban si su velocidad de internet mejoró. Quienes tienen poco contacto con la tecnología o una internet lenta, no suelen acceder a SpeedTest y se quedan fuera de la media, la mayoría siendo usuarios de Cantv.

“Speedtest no es indicador tan preciso como la gente cree. No es representativo de la población general, sino que más bien sobrerrepresenta a los usuarios de Speedtest. La verdad es que muy pocos de los usuarios de internet de Venezuela tienen mejor internet”, recalcaba.

Conatel registraba hasta el cierre de 2020 un total de 3.533.444 suscriptores de servicios de internet banda ancha, de los cuales 65,68% pertenecen a Cantv. Entre esta porción, 70% de los clientes de la estatal contrata planes de entre 4Mb y 10Mb, por tarifas desde $3,20 a $7,76. Las empresas privadas tratan de competir con estas velocidades.

En localidades más cercanas a los cables submarinos de fibra óptica, la situación es distinta. En Aragua, empresas como Fibex Telecom ofrecen planes que van desde los 80Mb por un precio de $40 mensuales.

Actualmente el estado más beneficiado es Zulia. Una de las empresas más reconocidas es Airtek, que ofrece planes de 200Mb a 600Mb por precios de entre $25 y $40. Son estándares que están a la par incluso de la región.

Sin embargo, en regiones con menor accesibilidad e infraestructura, los precios se disparan. Compañías como RGO Somos Cable, Giganet, TuyNet o Tundra Connection cubren la región de Charallave y Cúa al este del estado Miranda. Sus planes abarcan conexiones con velocidades de entre 2Mb y 6Mb de internet dedicada por precios que pueden ir desde los $25 hasta los $150 mensuales.

A pesar de las elevadas tarifas para la escasa velocidad, los usuarios se muestran conformes si el servicio es constante. Alicia Godoy, cliente de RGO Somos Cable, paga mensualmente unos $30 para disfrutar de una conexión de 5Mb y la compañía para la que trabaja contrató el plan de Tundra Connection por una internet empresarial de 6Mb a cambio de $90 mensuales. Manifiesta estar conforme con ambos servicios.

“De verdad no tengo quejas con ninguno de los proveedores con los que trabajo. Siempre el servicio es estable. Cuando peor funciona, es solo 1Mb por debajo. Además, cuando hacen una maniobra o mantenimiento preventivo, lo notifican con tiempo”, reseñó.

Vecinos de la comunidad de Pérez Bonalde, al oeste del municipio Libertador del Distrito Capital, permanecieron más de tres años sin conexión a internet, hasta que regresó hace apenas días tal y como se marchó: sin previo aviso.

Los reportes a Cantv y las búsquedas de proveedores privados fueron inútiles en Pérez Bonalde. Ninguna empresa parecía operar en la comunidad, mientras que la estatal ignoraba las solicitudes con el pretexto de que “el sistema no marca ninguna falla operativa en la zona”.

Alonso Garbán fue una de las víctimas de la ineficiencia del servicio de telecomunicaciones en la misma capital del país, donde los servicios, en teoría, funcionan mejor. Se vio en la obligación de depender de la conexión a internet que ofrecen las operadoras telefónicas para mantenerse operativo laboralmente bajo la modalidad de teletrabajo. Confiesa que estaría dispuesto a pagar hasta $150 por un servicio de internet confiable y funcional.

En contraste, empresas de otros países de la región cuentan con planes mucho más ventajosos, con mayor velocidad por menor precio. En Chile, Claro dispone de ofertas de $11 mensuales por 500Mb y $19 por 1Gb de conexión. La propia Movistar oferta en Colombia velocidades de entre 250Mb y 750Mb en un rango de precios que va de $15 a $21 mensuales. Fibramax en Ecuador despliega planes de entre 100Mb y 200Mb por montos de entre $17,50 y $31,50.

El Estado no invierte en internet

Los precios elevados del servicio guardan una relación estrecha con la ineficiente infraestructura del país. Ampliarla y mejorarla para alcanzar a más territorios en el país requiere de inversiones cuantiosas. El gobierno chavista no cuenta con fondos para hacer este tipo de gastos, los operadores privados que están incursionando en el mercado no cuentan con músculo financiero suficiente y las grandes empresas que podrían, lo ven como un riesgo en un país con insuficiente seguridad jurídica para planificar a largo plazo.

Para el expresidente de Movilnet -hasta su privatización-, José María De Viana, más que una privatización del sector de las telecomunicaciones, se observa es una ausencia de Estado que deja a actores privados operar lo que el Gobierno debería garantizar.

Por esta razón, De Viana cree necesaria la reestructuración de las reglas de juego. Es decir, un marco regulatorio que sea compatible con las inversiones privadas, ofreciendo garantías tanto a empresas como a usuarios.

“Lo que hay que hacer para que los servicios funcionen, obligatoriamente pasa por la intervención del Estado. Hay que definir unas reglas, un marco legal y económico que garantice a capitales garantías, e igual a clientes, que esos precios no sean abusivos”, destacó.

Desde Casetel creen que la solución a ese dilema pasa por una figura híbrida de cooperación entre el sector privado y público. Las inversiones conjuntas pueden ser una respuesta para la carencia de músculo financiero y las necesidades de inversión en el sector.

“Los costos para los privados aumentan a medida que la distancia es mayor por el tema del pago del VGT que administran Cantv y Corpoelec. Es muy importante que haya alianzas entre el sector público y privado, fortalecer las alianzas entre empresas que prestan servicios de internet con Cantv o Corpoelec con la que puedan hacer algún tipo de intercambio para poder conectar a todas estas zonas que están desabastecidas en este momento”, razonó Marín.

La desinversión ha hecho mella en todo el sector, como demuestran las cifras más actualizadas de los informes trimestrales de Conatel, pues en tan solo cinco años hubo una caída de casi seis millones de líneas telefónicas registradas, al pasar de 27.600.893 para el cierre de 2016 a 21.683.578 para el final de 2020.

Privados apostando por la telefonía

Justo en este contexto de contracción del sector, un haz de luz aparece con una inversión bastante cuantiosa -aunque insuficiente- para mantener y desarrollar las tecnologías de las telecomunicaciones en el país. Surgió por parte de Telefónica con su filial venezolana Movistar, con un desembolso de $270 millones a ser ejecutado en los próximos tres años.

El presidente de Telefónica, José Luis Rodríguez Zarco, reveló que estos fondos se utilizarán para modernizar su infraestructura y fortalecer los servicios de internet móvil 4G, ante un incremento importante en la demanda de este servicio.

Este incremento en las ganancias, propiciado por un ente regulador un poco más permisivo, le ha servido a Movistar para generar ingresos superiores a $20 millones mensuales y permitirse inversiones a largo plazo.

“Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como empresa de telecomunicaciones. Nuestra economía ha venido dando signos de reactivación y queremos formar parte de esa recuperación. Estamos recuperándonos, revirtiendo una etapa de baja inversión en los últimos años”, reflexionó Rodríguez Zarco.

El balance de 2022 es positivo para los servicios que ofrece la compañía. Cerrarán el año con 1.000 acciones de expansión de la tecnología LTE para fortalecer el 4G, lo que iguala en solo 12 meses los esfuerzos que había hecho la empresa en los últimos tres años.

En las próximas semanas, Movistar lanzará nuevos planes para contratar servicios de internet de 4GB y 10GB, lo que reforzará la conectividad de los venezolanos mientras quedan a la espera de que la fibra óptica sea una realidad más allá de las principales ciudades.

Con el ejemplo de Movistar, parece claro que la liberación de las tarifas por parte de Conatel es el camino a seguir. No obstante, Marín considera que este escenario podría ser contraproducente, ya que la capacidad adquisitiva promedio del venezolano sigue siendo insuficiente como para pagar precios elevados por un servicio vital como lo es la conectividad.

“El poder adquisitivo del venezolano está muy mermado. No puedes poner tarifas entre $25 y $30 para el servicio de telefonía celular porque la gente no está en capacidad de pagar. Creo que incrementos exagerados no serían convenientes porque disminuiría el número de usuarios”, subrayó.