Ramsés Ulises Siverio

Las actuaciones de Luisa Ortega Díaz, además de generar asombro por su apego a la ley ante la decadencia de las instituciones públicas, han servido de contención al avance de la dictadura, al dejar a un lado la subordinación al Ejecutivo para asumir su autonomía, presionar para la restitución del Estado de Derecho, controlar las arbitrariedades y contribuir, desde su tribuna, con la restitución de la democracia

Ni la solicitud de suspensión de sesión de hoy por parte de Delcy Rodríguez, ni sus señalamientos contra el secretario general de la OEA, ni los espaldarazos del Tribunal Supremo de Justicia al Ejecutivo nacional, ni el desprendimiento intempestivo que ha mostrado Maduro al otorgar créditos a empresarios, ni la petición de ayuda humanitaria han evitado que el Consejo Permanente del bloque continental se reúna hoy para exigir al gobierno de Maduro la restitución de libertades democráticas. Poco interés hubo en la OEA de replicar el guion de la canciller.

La celebración de elecciones regionales, reconocimiento de la Asamblea Nacional pero aún con trabas ante el TSJ y la posible liberación selectiva de presos políticos, entre los escenarios más probables del Estado venezolano luego de la sesión de la OEA de este martes. 

A solo siete días de haber jurado “defender la Constitución de los Estados Unidos”, el hombre de peinado imposible no dejó espacio para el respiro, al impregnar su naciente gestión con medidas de polémica que van desde la orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera con México, hasta las palabras de su jefe de estrategia de la Casa Blanca: “los medios aquí son el partido de oposición”.

El país vivió durante el aniversario 59 del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez el panorama de una crisis política de escasos alumbramientos.

La osamenta del político, periodista y guerrillero que participó activamente de la gesta que derrocó a Marcos Pérez Jiménez llegó este lunes al Panteón Nacional entre romanticismos de izquierda, versiones torcidas de la historia, y la segregación de la Asamblea Nacional como poder público.

Lo que debe ser una rendición de cuentas al país se convirtió una vez más en la presentación de cifras burdas, victimización por supuestas conspiraciones de “enemigos” de la nación, insultos a la oposición y un sinnúmero de medias verdades sobre problemas que aquejan a los venezolanos como la inseguridad, la inflación y la falta de medicinas. Todo en un marco de inconstitucionalidad amparado por un Tribunal Supremo de Justicia que insiste en declarar a la Asamblea Nacional en desacato.

La discrecionalidad en el manejo del poder político quedó en evidencia una vez más, al confabularse todo tipo de alianzas entre la Alcaldía, la Gobernación de Bolívar y la CVG, una vez estando en el poder el alcalde encargado Eriberto Aguilera, y posteriormente, Tito Oviedo. Todo ello a partir del enjuiciamiento de José Ramón López

El gobernador del estado Bolívar trataba de justificar las implicaciones de la recolección del billete de 100 bolívares como “un proceso por el que necesariamente debíamos pasar”.

El Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, Jesús David González, analiza la precaria situación de garantías fundamentales en el país, frente a lo cual propone la reinstitucionalización de los poderes del Estado, punto que, a su juicio, debe incluirse en la mesa de diálogo Gobierno-oposición.

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