En la población al oeste del estado Bolívar, los comerciantes no aceptan los billetes de baja denominación de 50 y 100 bolívares. Los puntos de venta son escasos y no han funcionado en la primera semana de 2018. El efectivo se comercializa hasta en 150%. Estos elementos, coinciden habitantes de Caicara del Orinoco, alimentaron el descontento que devino en al menos 20 comercios saqueados, principalmente de negocios de víveres.

Mediante denuncias de la sociedad civil, Amnistía Internacional determinó que, desde 2015, el número de muertes a causa del virus se han incrementado: el sida arrasa cada vez más sin importar condición ni edad. Y gran parte de la responsabilidad está sobre el régimen venezolano, más específicamente en los ministerio de Salud y de Finanzas.  La organización, por ello, ha lanzado un alerta más que urgente: a mediados de año podría no haber tratamientos.

El plan de contingencia de 72 horas que activó el Ministerio de Salud el pasado 3 de noviembre no controló ni de cerca los altos casos de paludismo en el estado Bolívar, cuyos pacientes y familiares protestan a diario por la falta de tratamiento, incrementándose las recaídas y recrudescencias de la malaria.

La malaria en el estado Bolívar no es una enfermedad más. Es una epidemia que afecta a miles de familias: adultos, ancianos y niños acuden temblorosos (algunos sin posibilidad de sostenerse de pie) a los módulos de salud que entregan el tratamiento en partes, puesto que las autoridades sanitarias intentan evitar la reventa de las cotizadas pastillas. 150 nuevos casos se reciben a diario en el módulo de Manoa. Solo este martes, la lista de nuevos casos en el módulo de Vista al Sol alcanzó a 175 personas.

El desbordamiento de casos de paludismo en Bolívar, así como las muertes que ha causado esta enfermedad, ya no son una realidad que el Gobierno pueda tapar con un dedo. La cartera sanitaria ya no pudo más y activó este viernes un plan de contingencia por 72 horas para combatir la afección, que solo en la semana epidemiológica 43 registra 12 mil casos y 32 decesos en la entidad. Para ello fueron distribuidos 200 mil tratamientos para las especies vivax y falciparum en ocho localidades y sectores de la región.

Autoridades sanitarias de la Gobernación de Bolívar incumplen con la entrega prometida para el pasado 31 de octubre. Los afectados protestaron exigiendo el único tratamiento que les salvará de morir de malaria, pero nadie ofrece soluciones.

En respuesta a una manifestación en el ambulatorio de Manoa, en San Félix, para exigir medicinas contra la enfermedad, funcionarios del Ministerio de Salud aseguraron que los fármacos escasearon en los últimos 15 días porque están varados en aguas internacionales. Obvian los burócratas que desde enero de 2016, los guayaneses protestan por la misma razón y que, por ejemplo, esta semana tres personas murieron en Pozo Verde por la enfermedad.

Se repite la lucha de los enfermos de malaria en el municipio Caroní, quienes aseguran no encontrar el tratamiento en el módulo Las Manoas. Por eso  trancaron la avenida para presionar al Instituto de Salud Pública.

Eduardo Duerto falleció en el Hospital Dr. Raúl Leoni, de San Félix, a causa de malaria. No había tratamiento para atenderle de emergencia ni en asentamiento rural donde residía ni en el centro asistencial.

Enfermo de  la parroquia Pozo Verde aseguran que el tratamiento se suministra irregularmente, igual que en Manoa, Castillito y Core 8. Sin embargo, las ofertas ilegales crecen en todo Bolívar, con precios entre 40 mil y 200 mil bolívares

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