Observatorio Venezolano de la Justicia (OVJ) señala que la solicitud de Luisa Ortega contra los magistrados, negada por el TSJ, forma parte del conflicto entre la Fiscalía y el Poder Judicial por el proceso constituyente.

La acción de calle ya no queda solo en marchar y gritar el mensaje, sino en dejarlo grabado en sitios que la colectividad transita a diario. Son la respuesta pacífica a la violencia y represión desmedida con la que los organismos de seguridad arremeten en contra de las manifestaciones a nivel nacional, iniciadas por las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ que anulan las competencias de la Asamblea Nacional; pero hay quienes aseguran que las pintas se han convertido en más que eso.  

Viernes, 07 Abril 2017 00:00

El sainete

El llamado impasse entre poderes públicos, o más concretamente la reacción acusatoria de la fiscal ante las sentencias del TSJ que terminaban de dejar a la Asamblea (y a ella) pintadas en la pared, es todo un sainete.

Las leyes, la justicia y la ejemplaridad republicana se evidencian como discurso hueco y manido, convertido en publicidad.

La OEA abordará el lunes en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente “los recientes eventos en Venezuela”, a petición de 20 países miembros. La reunión fue convocada antes de que el TSJ retrocediera en su intento de despojar de sus atribuciones a la Asamblea Nacional.

El portal del TSJ publicó este sábado las sentencias 157 y 158, que suprimen la decisión anterior sobre la inmunidad de los diputados, después de que Maduro ordenara tomar las medidas necesarias para salvaguardar el orden constitucional, y la orden que contemplaba la asunción por parte del TSJ de las funciones de la asamblea mientras se mantuviera su situación de desacato.

La Facultad de Derecho, el Centro de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Estudios Políticos, exigen a los demás órganos del Poder Público “reconocer y respetar en sus decisiones el principio de supremacía constitucional, principio de separación de poderes y debido proceso”.

España, México, Colombia, Ecuador y Alemania se unieron al coro de rechazo a las sentencias del TSJ que disuelven la Asamblea Nacional. Rusia y el partido Podemos español rechazaron tímidamente la medida del gobierno de Maduro, mientras Bolivia lo respalda y el Gobierno nicaragüense guarda silencio.

Desde hace dos años un conflicto legal entre el centro comercial y la empresa contratada mantiene la tensión laboral que ha devenido en un deterioro sostenido de la infraestructura del estacionamiento del mall.

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