Una autocracia desmedida actuó este jueves contra todo aquello que le fuese contrario y que la desconociera como gobierno legítimo: allanó, reprimió, hirió y atacó. No conforme con ello, hubo un hecho cumbre que elevó a 75 el número de víctimas mortales en las protestas: el fusilamiento a perdigones de un joven técnico superior en enfermería por parte de un sargento de la Policía Aérea que custodiaba La Carlota. La nueva marca de una cúpula que demuestra, una vez más, que su único interés es mantener el poder.

El Presidente de la República cree que Ortega Díaz esté “nerviosa y desesperada”; amenaza a Julio Borges con cárcel y mantiene su constituyente a trocha y mocha.

Vicefiscal general, Rafael González Arias, desestima antejuicio de mérito a Ortega Díaz y señala que el TSJ, lejos de buscar la solución pacifica de los conflictos, está plegado a una posición de mantener criterios que provienen de un solo sector de la sociedad.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, explicó que el artículo 350, el cual asumirán como un plan de desobediencia activo, abarca desde “el desconocimiento del régimen hasta el negarse a acatar órdenes oficiales”.

Observatorio Venezolano de la Justicia (OVJ) señala que la solicitud de Luisa Ortega contra los magistrados, negada por el TSJ, forma parte del conflicto entre la Fiscalía y el Poder Judicial por el proceso constituyente.

La Sala Plena declaró “sin lugar” el recurso presentado por Ortega contra los magistrados, que fue una de las varias acciones que emprendió esta semana la jefa del Ministerio Público contra fallos de la Sala Constitucional.

Tres de los magistrados de la actual Sala Electoral formaban parte de esta instancia cuando suspendieron los comicios de la siderúrgica. Han pasado más de dos años y aún no hay fecha de elecciones.

El Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por diputados y miembros de la sociedad civil, realizará los trámites para escoger a los miembros probos de las salas Constitucional y Electoral.

Luisa Ortega Díaz tiene una nueva estrategia: si el Tribunal Supremo de Justicia cercó la posibilidad al recurso contra la asamblea constituyente (que, por cierto, había tenido un amplísimo apoyo de la sociedad democrática), ella saca otro as bajo la manga: esta vez, la impugnación de los magistrados que fueron designados en una noche turbia e ilegal de diciembre de 2015. Con esto, la representante del Ministerio Público anota un nuevo capítulo a la lucha legal para frenar la dictadura de Nicolás Maduro.

La diputada Delsa Solórzano destacó que la respuesta del TSJ sobre el recurso de nulidad solicitado por la fiscal Luisa Ortega Díaz agotó las instancias internas, a la vez que la AN inicia el proceso para la designación de nuevos magistrados.

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