La ONG Acceso a la Justicia destaca la disparidad de cifras oficiales en relación al número de fallecidos durante las manifestaciones opositoras. En la mayoría de los casos no ha habido resultados de una oportuna investigación por parte del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Recuerda, además, la mimas opacidad que mantuvo Luisa Ortega Díaz en 2014, cuando aún no se revelaba contra el régimen de Nicolás Maduro.

Aumento de mortalidad materno-infantil, inoperatividad de 12 de los 13 quirófanos disponibles y renuncia de hasta 40% del personal médico es el panorama que describieron los galenos este 24 de enero, cuando refirieron el cierre técnico “por inercia, porque sin medicamentos no tenemos nada qué hacer”.

La Sociedad Venezolana de Anestesiología reclama justicia tras el asesinato del doctor Pablo Asuaje, de 44 años, la noche del 1 de enero en Puerto Ordaz. El crimen ha conmocionado al gremio médico levantando su voz contra la delincuencia que impunemente azota al país y la vulneración del derecho a la vida.

El martes culminó el plazo para que el Ministerio Público presentara los actos conclusivos sobre el asesinato del estudiante de la UCAB Guayana, en el que el presunto autor material del crimen sigue prófugo.

El Observatorio Venezolano de Prisiones se dedicó a conversar durante meses con los familiares de los presos asesinados por fuerzas estatales en la madrugada del 16 de agosto en el Centro de Detención Judicial de Amazonas. De ellas y de acercamientos con los mismos uniformados que actuaron nació el informe que presentó la ONG como registro de una de las violaciones humanas más atroces de la historia venezolana y un recordatorio de que el caso transita la ruta de la impunidad.

Una de las aprehendidas logró escabullirse de los funcionarios del Plan República que la retuvieron por destrucción de material electoral. Los otros dos capturados ya están a la orden del Ministerio Público.

El movimiento estudiantil de la UDO-Bolívar responsabiliza al candidato del oficialismo por los destrozos causados a la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente, luego que paramilitares ingresaran a la institución lanzando piedras y botellas.

Cuatro de los 12 fallecidos fueron identificados. Uno de ellos era solicitado desde noviembre de 2016 por homicidio. Aún hay ocho cadáveres que no han sido reconocidos luego de esta masacre que, según el diputado Américo De Grazia, ha desatado protestas de las familias porque niegan la tesis oficial del enfrentamiento. Mientras tanto, hay mutismo por parte del Gobierno y ningún interés del Ministerio Público por investigar este derramamiento de sangre vinculado a la extracción ilegal de oro.

La mayoría de las detenciones son del 15 de junio, día de una marcha estudiantil que terminó en Alta Vista con la represión de la Guardia Nacional Bolivariana.

Según actas a las que tuvieron acceso, la participación en la jornada del 30 de julio solo habría llegado entre un 10 y 12% del electorado, algunos centros tendrían incluso menos de 8%.

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