El informe del primer semestre de 2018 de la ONG Una Ventana a la Libertad, determina las precarias condiciones de los centros de detención preventiva, donde la mayoría carece de condiciones básicas que garanticen los derechos humanos y civiles.

La Gran Misión Vivienda Venezuela es el programa habitacional del Estado, vigente en todo el país, tutelado por el Ministerio de Vivienda. En Puerto Ordaz, el 49% de sus obras se alza sobre terrenos no zonificados para uso residencial. En los sectores Toro Muerto y Santa Rosa, el plan estatal no tomó en cuenta los proyectos previstos para reurbanizar, y su propuesta tampoco mejoró los servicios básicos ni erradicaron el hacinamiento. Es ese el basamento de la segunda entrega de esta serie.

La ONG Una Ventana a la Libertad monitorea la situación carcelaria en 13 estados del país, enfocados en violación de derechos humanos, alimentación y hacinamiento. Solo en 2017 murieron 62 reclusos, 10 de ellos por desnutrición.

Defensores de derechos humanos insisten en la descentralización del sistema penitenciario, a la vez que instan al Estado a crear nuevos centros de reclusión y cumplir con los programas de reinserción social, como parte de los estándares internacionales para los privados de libertad. “Ahora tenemos presos muertos por desnutrición, eso nunca se había visto”, señala el director del Observatorio de Prisiones, Humberto Prado.

Esos recintos no cuentan con la capacidad para garantizar el cumplimiento de la normativa. Por otro lado, las privadas de libertad tiene problemas para ver a sus familiares y hasta para comer. 

 Hasta mayo del 2015 la población carcelaria era de 49.664 personas, de las cuales 31.503 son procesadas, 17.374 son penadas, 265 están bajo destacamento de trabajo y 522 se encuentran en depósitos policiales.

El hacinamiento sigue siendo de alrededor del 200%, con 55 mil reclusos solo tenemos capacidad para albergar 19 mil, es decir están sobrando 36 mil, a pesar de los constantes ofrecimientos de la ministra Varela de inaugurar nuevas cárceles.

En el municipio Caroní hay 10 centros de coordinación policial, varios de ellos albergan a personas detenidas.

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