Miércoles, 09 Agosto 2017 00:00

Vecinos piden desempolvar Plan Especial de Castillito para dignificar al sector más afectado por crecida del Caroní

 
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132 familias del sector El Cerrito están perjudicadas por las inundaciones tras la crecida del Caroní 132 familias del sector El Cerrito están perjudicadas por las inundaciones tras la crecida del Caroní Fotos Oliver González

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La parroquia Cachamay fue la más afectada de toda Ciudad Guayana tras la reciente crecida del río Caroní, que aquejó a unas 200 familias en los sectores bajos ubicados en la denominada franja de Castillito.

Solo del sector José Gregorio Hernández, conocido como El Cerrito, hay 132 familias reubicadas en dos refugios, sin contar con las de Puerto Libre, Los Monos y La Curva, que también se vieron aquejadas.

No es una situación nueva y Johnny Solano lo testifica. Vive en el callejón Olivares, de El Cerrito, y todos los años su hogar se ve afectado por la crecida del Caroní, solo que esta vez el agua le llegó “hasta el techo de la casa”.

Está refugiado junto a su esposa y sus cuatro hijos en la escuela Raúl Leoni II, a la expectativa. ¿Cómo volver a una casa tan vulnerable? Se pregunta, al recordar que hace 14 años están luchando para revertir su situación a través de un plan del Estado que yace engavetado desde los años 90: el Plan Especial de Castillito.

Planificación urbana y lucha social

Ciudad Guayana fue construida con la planificación de expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hace 56 años. Su crecimiento está previsto en distintos proyectos como el Plan de Ordenamiento Urbano (POU), Plan Rector de la ciudad, Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) y otros planes especiales, que eran coordinados por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en un inicio.

Al comienzo de los años 90 surgieron varios “planes especiales” para ordenar las zonas de crecimiento espontáneo de la ciudad. Entre ellos nació el Plan Especial de Castillito, que contempla “reubicación de familias en riesgo, creación de espacios recreativos y recuperación pública del frente de agua”, según la urbanista María Nuria De Cesaris.

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El dirigente social de El Cerrito, Edgar Maita, recuerda que fue en el 2001 cuando Clemente Scotto propuso ejecutar el Plan Especial de Castillito para renovar este sector de crecimiento espontáneo
 

El luchador social y vecino de El Cerrito, Edgar Alexander Maita, recuerda que la vez que le propusieron formalmente a la comunidad poner en marcha este plan fue en el 2001, en la gestión municipal del ex alcalde Clemente Scotto.

En ese momento, el planteamiento contemplaba la creación de un malecón en el río Caroní, una red hotelera, “para lograr que esto sea un sector turístico, parecido a Lechería (estado Anzoátegui), sin dejar por fuera a quienes tienen aquí toda su vida”, contó Maita, vecino de El Cerrito desde que nació, hace 46 años.

“Desde 2001 emprendimos un trabajo para buscar la forma de cómo nuestros vecinos que viven a orillas de la cota 13 a la cota 16 del río Caroní pudieran ser reubicados”, comentó Maita. La lucha que les competía como dirigentes sociales era convencer a los reacios a abandonar sus casas de toda la vida.

16 años más tarde no han podido ganar la lucha más grande: que el Estado cumpla su palabra. Ni la gestión de Scotto, ni la de su sucesor, Antonio Briceño, o de José Ramón López, retomaron el planteamiento que tuvo la participación de especialistas franceses.

Este año, más de 100 familias volvieron a sufrir las consecuencias de una de las crecidas del río más grandes de la historia de la ciudad, y ningún proyecto para reubicar a las familias ha comenzado.

Terreno baldío y a la espera

Johnny Solano señaló un lote de terreno que comienza frente al Club Náutico Caroní y termina en la Escuela Dr. Raúl Leoni II, de la UD-222 de Castillito, como el lugar donde debería estar el complejo de viviendas para reubicarles.

“Primero era un lote de 40 casas, después un proyecto entre apartamentos y casas, y en ese censo (de familias en riesgo) había 289 familias”.

 

vecinosNUEVAJohnny Solano y Vladimir Mujica se ven afectados casi todos los años por la crecida del río. Tienen 14 años esperando que se materialice la reubicación que les alejaría de esta zona de riesgo

 

En el gobierno municipal de Pastora Medina, apuntó Edgar Maita, se logró que ese terreno fuera re zonificado y pasara a ser de uso deportivo a uso residencial.

En esas tierras se construyó un urbanismo de casas privado llamado Villa Náutica, que no siguió prosperando por litigios entre la constructora y el banco que los financiaba. El proyecto del Estado nunca se materializó.

“Hace como seis años nos dijeron que eso no se podía construir ahí porque el suelo era muy rocoso y era muy difícil hacer las bases” para construir las viviendas, informó otro vecino afectado, Vladimir Mujica, también refugiado en la Escuela Dr. Raúl Leoni II.

Mujica explicó que en El Cerrito “el hacinamiento es grande porque las familias van construyendo por donde pueden, por la falta de recursos, o viven tres familias en una casa”. Por esta razón, transitar por el barrio es circundar un sinfín de callejuelas con subidas más empinadas que otras.

Esperanza viva

Daysi Barreto, ayudante de la coordinación del refugio de la Escuela Dr. Raúl Leoni II, contó que hay 62 familias allí refugiadas, para un total de 2.013 personas. “Hasta el momento no nos han tocado el tema de una vivienda digna. Sería bueno (…) estamos aquí porque la inundación también desbordó las cloacas, y eso puede causar una epidemia”.

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En la Escuela Dr. Raúl Leoni II hay 62 familias (203 personas) refugiadas, producto de las anegaciones y el consiguiente colapso de aguas negras
 

No saben cuánto tiempo estarán allí. Los vecinos pagan las consecuencias del crecimiento espontáneo de su zona y del incumplimiento del Estado en su rol de rector de la única ciudad planificada de Venezuela, cuyos planos se olvidaron en el camino.

“Queremos que haya una solución, lo hemos venido alertando: más allá de un refugio temporal, necesitamos respuesta contundente. Hay vecinos dispuestos a abandonar sus casas y a que sean demolidas (…) el Estado debe asumir esa responsabilidad de esas familias que ya Protección Civil ha censado”, reiteró Edgar Maita.

Aseguró que el proyecto ya reposa en la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Caroní, incluso en la propia CVG. “Lo que sugerimos a las autoridades, a los compañeros Tito Oviedo (alcalde) y (Francisco) Rangel Gómez (gobernador) que lo revisen, que se retome ese plan, porque no queremos casas nuevas, queremos que se dignifique Castillito”. 

Vacío de la Misión Vivienda

En el año 2011 se creó la Ley de Emergencia de Terrenos y Viviendas con el fin de dar respuestas a las familias afectadas y damnificadas por desastres naturales.

Con esta nació la denominada Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), plan bandera del Ejecutivo nacional, que, según Nicolás Maduro y sin cifras oficiales que lo avalen, hoy alcanza más de 1 millón de inmuebles construidos.

En Castillito, ninguna de estas familias que viven en las zonas de vulnerabilidad por la crecida del Caroní ha sido tomada en cuenta como prioritaria para la GMVV.

Los afectados consultados aseguran estar dispuestos a abandonar su barrio si les ayudan a mudarse a “una vivienda digna”, con planes de financiamiento.

En Puerto Ordaz los urbanismos de la GMVV han violentado la ordenanza de zonificación, construyendo complejos en zonas destinadas a salud, recreación, deporte y avenidas, como ocurrió en Los Mangos, Paratepuy y Villa Betania.

La desplanificación de la ciudad y la falta de mantenimiento del Estado han ocasionado que, aún en tiempos de inundaciones, este mismo martes 8 de agosto, comunidades de San Félix protestaron por carecer del servicio de agua potable hace tres semanas.

“Lo que queremos que se retome es el Plan Especial de Castillito. No queremos entrar en culpas, queremos es que se dignifique el sector y que se tome en cuenta un plan en el que se invirtió dinero”, remató Edgar Maita.

PlanespecialCastillitoAsí luce el proyecto del Plan Especial de Castillito, de acuerdo a una ponencia de la urbanista De Cesaris, en el 2012

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