Redacción Correo del Caroní

El Parlamento vio con beneplácito el informe de Naciones Unidas sobre las violaciones de garantías fundamentales durante las protestas de este año, a la vez que ordenó su transcripción para luego escuchar testimonios de la reprimenda. 

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que acordó inscribir candidatos el pasado miércoles, aún sortea obstáculos, como la propia indecisión de sus partidos sobre participar de las regionales luego del fraude electoral del 30 de julio.

La Constitución de 1999, principal legado de su líder Hugo Chávez, es hoy poco menos que un adefesio incómodo para Nicolás Maduro y sus acólitos. No solo por las reiteradas violaciones que han debido prodigar al texto constitucional para atornillarse como dictadura, sino que, además, ya trabajan para enterrarla. Prueba de ello fue el proyecto de Carta Magna presentado por Maduro ante la farsa constituyente; una propuesta que busca eternizar en el poder a quienes ya no pueden sostenerse con votos.

El gobierno de Donald Trump cumple su amenaza e impone sanciones a funcionarios vinculados directamente con la organización, instalación y funcionamiento de la fraudulenta Asamblea Constituyente. Adán Chávez, Francisco Ameliach, Carmen Meléndez, Darío Vivas, Hermann Escarrá figuran en la nueva lista. El Departamento del Tesoro acusa a Maduro y a quienes convalidan la Asamblea Constituyente de afianzar aún más su dictadura para continuar estrechando su control sobre el país.

A dos días de la consumación de lo que podría ser el desmontaje definitivo de la república en Venezuela, representantes gubernamentales de varios países han pedido al dictador venezolano que frene la estafa que supondría la “elección” del domingo. La pauta la marcó Juan Manuel Santos al señalar que desconocerá el proceso y sus resultados.

Las amenazas del Gobierno y sus acólitos acecharon desde el principio, y aunque no dejaron de causar estragos en trabajadores y patronos, al final fue la conciencia ciudadana la que se impuso sobre el miedo. Por eso, en nuevo acto de rebeldía cívica, Puerto Ordaz cerró puertas, calles y santamarías para rechazar el fraude constituyente impuesto por Maduro. Ni la Alcaldía de Caroní, ni colectivos armados, ni la GNB frenaron la voluntad mayoritaria de la gente de vivir en democracia. En San Félix, entretanto, la carestía social sigue imperando sobre la protesta política.

El equipo de reporteros y fotógrafos de Correo del Caroní, además de un grupo de colaboradores, ha salido a las calles para acompañar este proceso democrático en Ciudad Guayana. La inseguridad, la corrupción, la impunidad, el desempleo, la inflación, son apenas algunas de las razones que tienen los venezolanos para aspirar un cambio en la dirección política de Venezuela.

Las alertas sonaron desde la mañana de este jueves, cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la irregularidad a través de la red social Twitter. Medida que, además, impide la difusión de piezas propagandísticas que llamen a participar del proceso.

El secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Víctor Basabe, afirmó que la consulta soberana convocada por un amplio sector de la vida nacional no solo es un proceso legítimo, contemplado dentro de la Constitución y formalizada con la aprobación de la Asamblea Nacional (AN), sino que funge de herramienta canalizadora del gran clamor popular que exige respeto a sus derechos como garantía de su dignidad como seres humanos.

El habitual esquema de repartición de beneficios en vísperas electorales no solo evidencia la ratificación de la política demagógica y clientelar del Gobierno, sino el desgaste de sus mecanismos de congraciamiento con la población: esa a la que reprime por exigir el cambio político, que desconoce para emprender un proceso constituyente, pero a la que pretende engañar prometiendo combatir la inflación con una Asamblea que aspira elegir el 30 de julio.

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