A un año del asalto al municipio Gran Sabana, el diputado Américo De Grazia y el exalcalde y dirigente indígena, Ricardo Delgado, analizan la estrategia y la urgencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por controlar política y económicamente este extremo sur de la frontera.

El asalto militar a Gran Sabana no inició con la masacre de la comunidad indígena de Kumarakapay, el 22 de febrero de 2019. Inició tras la elección de Emilio González como alcalde de este municipio, único del estado Bolívar no adepto al régimen de Nicolás Maduro. Desde ese diciembre de 2017 empezaron las maniobras para tomar el control político y económico en la frontera con Brasil. Un año después, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha logrado el control de esta zona fronteriza.

Los resultados de aquellas elecciones de alcaldes fueron los últimos en darse. La estrecha diferencia de votos entre González y el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela amenazaron con otro robo electoral, como sucedió meses antes con la elección de gobernadores en Bolívar. Pero los indígenas fueron la piedra en el camino para los intentos del régimen de arrebatar la Alcaldía de Gran Sabana.

     
Nancy Ascencio comisionada especial de Despacho de la Gobernación es el brazo estratégico del PSUV en Gran Sabana | Fotos cortesía

Proclamado González alcalde de Gran Sabana arreció la persecución. Con la excusa del operativo Manos de metal, fuerzas militares se instalaron en Santa Elena de Uairén, pero una vez más fueron los indígenas los que revirtieron la maniobra y tomaron casa presidencial. La intención era designar como protector al mayor Javier Pérez Ortiz, para entonces comisionado de la Gobernación, hoy presidente de Inviobras Bolívar.

“La rebeldía indígena de la Gran Sabana representaba una derrota tras otra, no solo de Justo Noguera, sino el régimen de Nicolás Maduro y sus Fuerzas Armadas y el Arco Minero. Había razones de sobra y el régimen echó manos a pranes, grupos armados delincuenciales, incluso el pranato en las empresas básicas para llevarlos a operar en la zona con las claras instrucciones de acabar con la rebelión indígena en su cuna, que no está propiamente en la Alcaldía, sino en una comunidad clara y lúcida que es Kumarakapay”, dijo el diputado en el exilio Américo De Grazia.

Con la masacre de Kumarakapay y la de Santa Elena de Uairén fue que Justo Noguera pudo tomar control en el municipio, desplazando a los indígenas que huyeron de la arremetida, así como del alcalde electo Emilio González, hoy en el exilio.

“El resultado fue ponerle la mano a la Alcaldía, pero también a todas las minas que de alguna manera tenían una cierta autonomía de vuelo en la zona de la Gran Sabana y que estaban operadas, entre otras, por las comunidades indígenas en la zona, el objetivo era ponerle la mano al oro y el diamante”, agregó el parlamentario.

Disputas oficialistas

Aun sin un burgomaestre opositor se mantienen disputas oficialistas en la Alcaldía. La designación de José Alejandro Barreto, presidente de la Cámara Municipal de Gran Sabana, como alcalde encargado, trajo rencillas entre el Movimiento Revolucionario Tupamaro y el PSUV.

Las rencillas llegan a un punto en que la mayor parte de los recursos van a Nancy Ascencio, comisionada especial de Despacho de la Gobernación, y no al alcalde encargado.

 
El diputado Américo De Grazia insiste que Justo Noguera está consumando la organización criminal que opera en el marco del Arco Minero del Orinoco con los pueblos indígenas como víctimas
 


La presencia de Ascencio, en gestiones con las que pareciera tener la batuta del municipio y apadrinada por Noguera Pietri, no es bien vista por todos los factores del Polo Patriótico. Aunque la presencia de Justo Noguera se ha concentrado en Gran Sabana, para el exalcalde y dirigente indígena, Ricardo Delgado, no ha habido en el municipio una gestión tan mala como la del actual gobernador.

“Lo que ha hecho es ir desplazando los liderazgos naturales, tanto de los barrios como de las ciudades y comunidades indígenas. En Gran Sabana, las comunidades indígenas estaban haciendo resistencia y se empeñó en destituir a Emilio González, que era alcalde electo, se empeñó en desplazarnos a nosotros, se empeña todavía en desplazar a Jorge Gómez, el capitán indígena del sector VI, porque los demás capitanes generales están infiltrados por él, pero eso no quiere decir que la población de Gran Sabana esté con él”, aseguró Delgado.

“Incluso, en diciembre manipularon las elecciones de Kumarakapay y resultó electo un miembro de la comunidad afecto al régimen de Justo Noguera, es lo que han hecho en cada elección, llevan las cajas CLAP para favorecer al candidato de su preferencia, es a lo que se ha dedicado, no ha hecho infraestructura, no ha hecho absolutamente nada, simplemente es una intención ideológica para someter a la población y comunidad indígena”, agregó.

Control total

Para Delgado, es una intención de garantizarse toda cuota que signifique poder político y económico en un municipio minero, turístico, económico y con acceso a la frontera con Brasil.

“Ha habido mejores gestiones que Noguera, incluso el general Rangel Gómez por lo menos hacía presencia con un programa de coordinación que se llamó proyecto Mayú, se trata de la reconstrucción, reparación de infraestructura de ambulatorios, escuelas, había un medio de comunicación. Con Rojas Suárez no se hicieron grandes infraestructuras pero por lo menos hubo una atención hacia las comunidades, las últimas viviendas que se hicieron en Kumarakapay, que no se terminaron, fue en la gestión interrumpida de Jorge Carvajal; en la de Andrés Velásquez, toda la infraestructura de escuela que existe en Gran Sabana”, recordó.

El diputado Américo De Grazia insiste, además, en la consumación de la organización criminal que opera en el marco del Arco Minero del Orinoco, con los pueblos indígenas como víctimas, después que se rebelaron y frenaron toda pretensión de usurpar la Alcaldía hasta lograrlo.

Gubernamentalmente no ha habido cambios positivos en Gran Sabana. Los habitantes padecen de los más críticos servicios públicos y la zozobra impuesta por las fuerzas represivas del régimen que amenaza y hostiga a todo aquel que se rebele.