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Desde 2018 Yépez es el rostro visible de un malestar mayor para los empleados: la ausencia de condiciones de trabajo dignas y contrato colectivo. El rechazo a estos acuerdos le ha traído acusaciones de instigación al odio, imposibilidad de disfrutar del transporte de la empresa e incluso la persecución y el hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad del Dirección de General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

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El dirigente del sector briquetero ha sido blanco de la criminalización de la protesta laboral: primero se le impidió el acceso a la planta, luego le suspendieron el sueldo y, posteriormente, despedido.

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La trabajadora de Corpoelec recibió la notificación de despido el día del apagón nacional. Semanas antes denunció la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas.

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La extrabajadora de Ferrominera fue despedida de la estatal del hierro por exigir el cumplimiento de las tablas salariales y negarse a participar en marchas oficialistas.
 
 

Editorial Roderick