Desde 2018 Yépez es el rostro visible de un malestar mayor para los empleados: la ausencia de condiciones de trabajo dignas y contrato colectivo. El rechazo a estos acuerdos le ha traído acusaciones de instigación al odio, imposibilidad de disfrutar del transporte de la empresa e incluso la persecución y el hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad del Dirección de General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El dirigente del sector briquetero ha sido blanco de la criminalización de la protesta laboral: primero se le impidió el acceso a la planta, luego le suspendieron el sueldo y, posteriormente, despedido.
La trabajadora de Corpoelec recibió la notificación de despido el día del apagón nacional. Semanas antes denunció la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas.
La extrabajadora de Ferrominera fue despedida de la estatal del hierro por exigir el cumplimiento de las tablas salariales y negarse a participar en marchas oficialistas.
 
 

Editorial Roderick