La defensa del trabajo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Venezuela y, especialmente, en Guayana donde germinaron importantes conquistas en el marco de las hoy desaparecidas negociaciones colectivas. Correo del Caroní presenta hoy una serie de perfiles de trabajadores que dan cuenta del hostigamiento estatal, el cual no reposa ni en tiempo de coronavirus.

El trabajo es “el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del ser humano”, señala una de las principales enseñanzas sociales de la Iglesia Católica, un concepto incorporado al derecho constitucional y explícito en los artículos 87, 88, 89, 91, 95 y 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El derecho social al trabajo está hoy sometido a períodos convulsos: además del auge del autoritarismo, con especial énfasis militarista en la Venezuela de Nicolás Maduro, la pandemia de la COVID-19 redimensiona los desafíos planetarios que han asumido vertiginosamente las relaciones económico-financieras y el mercado de trabajo.

Somos conscientes de que el deber del Estado no consiste tanto en asegurar directamente el derecho al trabajo de todos los ciudadanos, constriñendo toda la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las personas, sino en proteger la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola o sosteniéndola en momentos de crisis.

El Día del Trabajador 2020, desafortunadamente, coincide con un marcado deterioro de las relaciones laborales en Venezuela, agravadas por las precarias condiciones económicas del país y la falta de medidas estructurales para contrarrestar los efectos del coronavirus.

Por si esto fuera poco, el gobierno sigue centrando sus esfuerzos de represión selectiva en los trabajadores y voceros laborales como expresión de una política que busca acallar el disenso y eliminar cualquier opinión contraria a la “verdad” del Estado.

La defensa del salario justo es una acción legítima, por lo tanto, la protesta como medio democrático para exigir mejoras de las condiciones de trabajo es un derecho innegociable. Pero la defensa del trabajo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Venezuela y, especialmente, en Guayana donde germinaron importantes conquistas en el marco de las hoy desaparecidas negociaciones colectivas.

Correo del Caroní presenta hoy una serie de perfiles de trabajadores que dan cuenta del hostigamiento estatal, el cual no reposa ni en tiempo de coronavirus. Es una forma de reivindicar también la resistencia ante la invasión de prácticas intimidatorias en los lugares de trabajo.

Asimismo, respaldamos a las organizaciones que exigen el cese de las detenciones arbitrarias y la libertad de Rubén González, dirigente de Ferrominera encarcelado y procesado bajo la justicia militar, quien fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.

Finalmente, nos hacemos eco de los informes de los organismos de protección de derechos humanos (Sistema ONU – OEA) a través de los cuales se ha insistido en solicitar al gobierno central que revierta la política de opacidad y falta de rendición de cuentas de los ministerios y órganos públicos.

La falta de transparencia alienta la corrupción y evita el monitoreo de los indicadores que afectan las negociaciones de los derechos colectivos del trabajo.

Urge adoptar medidas de compensación que pudiesen fomentar una política coordinada de identificación de casos sin resolver de despidos injustificados en la administración pública, cuyos efectos son devastadores para las familias.

El país reclama una política inclusiva que proteja el trabajo de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, y asegure una conveniente retribución.

El sombrío panorama nacional no puede eclipsar el merecido reconocimiento a los trabajadores en su día. A los que salen cada día sin importar las limitaciones de los servicios públicos; a los que hacen más llevadero el confinamiento; a todos aquellos trabajadores que fomentan con su mística y profesionalismo una sociedad democrática. 

 

 

 

El “delito” de Tania Rodríguez: reenviar un mensaje y preguntar si era cierto 

La extrabajadora de Ferrominera fue despedida de la estatal del hierro por exigir el cumplimiento de las tablas salariales y negarse a participar en marchas oficialistas.

 

Damaris Cervantes, perseguida por denunciar
la desidia en las centrales hidroeléctricas

La trabajadora de Corpoelec recibió la notificación de despido el día del apagón nacional. Semanas antes denunció la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas.

Rona Figueredo: “Pensar distinto me costó
el trabajo”

El dirigente del sector briquetero ha sido blanco de la criminalización de la protesta laboral: primero se le impidió el acceso a la planta, luego le suspendieron el sueldo y, posteriormente, despedido.

Félix Yépez: “A nadie le gusta que lo metan preso, que le quiten el salario”


Desde 2018 Yépez es el rostro visible de un malestar mayor para los empleados: la ausencia de condiciones de trabajo dignas y contrato colectivo. El rechazo a estos acuerdos le ha traído acusaciones de instigación al odio, imposibilidad de disfrutar del transporte de la empresa e incluso la persecución y el hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad del Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La jubilación forzada de Ramón Gómez
para silenciar a los cevegistas


Luego de 28 años como trabajador regular, en 2008 decidió participar en las elecciones del Sunep-CVG hasta llegar al cargo de secretario general de la organización y empezar a sufrir la persecución de Hugo Chávez y de Maduro contra el movimiento sindical.

Omar Marcano: “Abandonar ahorita es un irrespeto
a los trabajadores”


Luego de más de cuatro décadas de lucha laboral en CVG Ferrominera Orinoco, al jubilado conocido como La Múcura, le quemaron su camioneta en su casa en 2018 en el contexto de las protestas laborales en la industria del hierro. Ese año se le prohibió ingresar a la estatal.


Rubén González, 17 meses encarcelado injustamente en una prisión militar


El dirigente sindical de Ferrominera Orinoco fue condenado -el 13 de agosto de 2019- a 5 años y 9 meses de cárcel por un tribunal militar, por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas. Su vida peligra, mientras organizaciones nacionales e internacionales reclaman su libertad.

José Hidalgo, el men que hace 15 años incursionó en la vida sindical y terminó encarcelado


El 14 de diciembre de 2018 fue detenido dentro de la estatal Venalum en medio de una protesta que paralizaba los despachos de aluminio, junto a otros tres trabajadores: Andrés Rojas, Noel Gerdez y Ernesto Morillo. Fueron liberados el 29 de febrero de 2019.

 
 
 
 

Editorial Roderick