El defensor de derechos humanos privilegia la organización social y la acción conjunta para encarar las penurias socioeconómicas provocadas por la ruptura de la institucionalidad democrática, agravadas durante la pandemia.

 l estancamiento de la conflictividad política repercute de manera directa en la situación de los derechos humanos en Venezuela toda vez que el colapso institucional y la ausencia de un Estado de derecho profundizan las privaciones de la población más vulnerable.

Así lo expresa Feliciano Reyna, activista y defensor de los derechos humanos, quien por otro lado señala que estas dificultades, de enorme calado en lo social, han dado pie a la organización ciudadana y a la creación de redes solidarias que buscan aportar o ayudar a los sectores más vulnerables en el marco de la emergencia humanitaria compleja.

Reyna ha sido fundador de las organizaciones Acción Solidaria, Civilis Derechos Humanos y de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida). Su minuciosa dedicación a la documentación del contexto de los derechos humanos y la capacidad de amalgamar voluntades en el seno del movimiento nacional de derechos humanos, le ha erigido como una de las voces más potentes de la sociedad civil venezolana ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

  La violación sistemática de los DD HH hizo que los estados del mundo voltearan su mirada hacia el conflicto que se vive en el país | Foto Reuters  


La sociedad civil a través de organizaciones e individualidades ha tenido que asumir el rol de tejer redes de ayuda para poder sobreponerse a esta situación en la que la conflictividad política yace en un gobierno que persigue el control absoluto del poder, mientras la gobernabilidad es más precaria.

En escenario, de enormes desafíos en lo humanitario, Reyna subraya lo que, a su juicio, guarda más sentido: el reconocimiento de la causa común, es decir, que el valor supremo es la persona humana y la dignidad merece todos los esfuerzos posibles, entre ellos, trabajar para que los factores políticos comprendan la gravedad del momento.

— ¿Visualiza una resolución a la crisis política en el corto plazo?

— Este estancamiento actual, no solo va a seguir incrementando el tiempo de los daños que está sufriendo la población por la emergencia humanitaria compleja y la represión del gobierno, sino que también termina repercutiendo muy en contra de estos intentos de tomar el control del poder.

El país está en una situación de tal precariedad, con una economía debilitada, un contexto social que lo que hace es producir situaciones de pobreza, hambre, falta de acceso a servicios mínimos. Y no hay manera, ni siquiera el grupo del poder tiene capacidad para hacerle frente. Mientras no haya una voluntad mínima de cambiar la situación política no habrá acceso a recursos y Venezuela seguirá muy aislada.

Me preocupa mucho la desunión en el ámbito opositor. No hay una estrategia común para salir de esta situación tan grave y si los partidos políticos no logran avanzar en un camino común, en pocos meses nos encontraremos en un cuadro mucho más complejo.

— ¿La raíz de la emergencia humanitaria compleja yace en este conflicto político?

— Ha sido un proceso producto de todos los abusos previos del poder. Producto de esa conducta del gobierno que tomó por asalto la propiedad privada que causó el desmontaje de las capacidades de producción, sustituyendo todo este entramado por una política de importaciones que fue generando una corrupción extendida y de magnitudes que pocas veces se ve en el mundo. Esto fue ocurriendo en el tiempo, causando un gran daño humano dentro de un contexto de enorme sufrimiento y enormes carencias.

Lo que pasa ahora, con un contexto ya de emergencia humanitaria compleja, hará que el colapso y las precariedades ya existentes se vean en una situación mucho más grave y que no se ha visto aún en toda su dimensión. Es como la formación de un tsunami. Vemos cómo se va alzando y sabemos que la ola viene. La primera pegó en 2016 arrasando con las capacidades del país y veo que se acerca una segunda ola que llegará con las repercusiones de la pandemia, pero, llamo a la atención por lo que viene después. Si no hay una resolución política nos pegará una tercera ola que vendrá con el colapso de la economía.

— ¿Cómo influye la designación ilegal del CNE y los recientes ataques contra los partidos políticos en la búsqueda de una resolución pacífica?

— Sin duda son pasos muy graves y que no ayudan en nada a la resolución de la crisis. Es algo esperable pero que no deja de sorprender. El gobierno persigue el control absoluto del poder sin darse cuenta que vamos en una dirección que no les garantiza gobernabilidad.

Con la participación se facilita la apertura de ciertos caminos que, incluso para los que están en el poder, les permite llegar a algún acuerdo para atender los auxilios sociales y económicos. Esto hace un daño garrafal y aleja cualquier posibilidad de auxiliar a la población.

— ¿Considera que se debe ir a elecciones?

— Es muy importante. A pesar de todas las precariedades, allí siempre se percibe el ánimo de participar. Es una válvula de escape que permite a la población expresar su opinión sobre quién debe manejar este conflicto. El deseo está allí. Los esfuerzos deberían estar en promover la participación ya que ayudaría a canalizar los deseos a la salida del conflicto político.

— ¿Cómo trabajar una transición democrática con la participación de sectores del chavismo?

— Es que tiene que ser. No hay otra forma. Fuera de algunos actores, sin dudas creo que sectores democráticos de distintas tendencias deben tener el derecho a participar. Eso es fundamental e inevitable. Esto permitiría enrumbarnos en un camino de recuperación de las instituciones, de la economía, y la producción. No veo otra manera.

“Hemos ido por el camino contrario”

El rumbo que ha tomado la crisis política venezolana producto de los constantes enfrentamientos entre la oposición y el gobierno, aunado a la poca disposición para encontrar una salida viable en favor de la población, ha auspiciado la violación sistemática de los derechos humanos que profundiza mucho más el sufrimiento en el país.

En su afán de tener el control absoluto de todos los sectores, el gobierno liderado por Nicolás Maduro ha asumido la represión y persecución como política de Estado para arremeter contra todo aquel que signifique una amenaza para su estabilidad política, derrumbando así las bases que sostienen a los sistemas democráticos.

En el marco de la pandemia por COVID-19 ha habido un incremento en las violaciones de derechos humanos en contra del personal de salud, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que pretendan dar alguna información que contraríe la versión oficial, sin embargo, es un proceso que tiene rastros desde hace varios años en consecuencia del conflicto que atraviesa el país.

— ¿Cómo ha evolucionado la situación de los derechos humanos ante este estancamiento político?

— Podemos dividirlo en dos partes. Hay un conjunto de derechos y libertades que estaban siendo violados desde hace mucho antes. Son años que el gobierno tiene apelando a una conducta represiva y socavando el sentido de Estado, ideologizando principalmente el ámbito militar, lo que ha traído consecuencias muy graves.

    La necesidad de articulación gestó la creación de organizaciones no gubernamentales y de movimientos sociales para hacerle frente a la crisis venezolana | Foto El Ucabista

Entre ellas las masivas detenciones arbitrarias que han terminado convirtiéndose en casos documentados de torturas y tratos crueles. Desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, la situación penitenciaria y todo un conjunto de acciones que atentan contra el ser humano. A raíz de esto es que se crea por mandato del Consejo de Derechos Humanos la Comisión de Determinación de Hechos para investigar y dar con los responsables a título personal.

A esto le sumamos un conjunto de derechos muy grande que están siendo violentados por el hambre generalizada, la falta de acceso a la salud, la deserción escolar y la generación de una migración forzosa. Según el propio PMA (Programa Mundial de Alimentos) para septiembre del año pasado 9.3 millones de venezolanos estaban en situación de inseguridad alimentaria y 17 millones se defienden con mecanismos alternos de trabajo.

Para enfrentar una pandemia se necesitan implementar medidas de protección básicas. Confinamiento, gel, mascarilla, guantes, y gran parte de la población no tiene acceso a esto. Llegamos a un momento en el que se paró la posibilidad de ejercer el trabajo, en el que cayeron las remesas. Más o menos 90% de la población está inmersa en dificultades entre la pobreza y hambre. No puedes imponer un manejo de la prevención diciendo simplemente “quédate en casa”.

Por otro lado, se asume un control férreo de la información para aparentar tener control del coronavirus. En cada reporte acusan a los migrantes o a otros países. Este manejo genera que otras personas de manera responsable traten de que la verdad salga, pero se les criminaliza y es lo peor que puede pasar. Es el peor coctel para atender una situación tan delicada que requiere confianza y tranquilidad en la población. Hemos ido por el camino contrario.

— ¿Qué alcance ha tenido el acuerdo entre la oposición, el gobierno y la OPS?

— Todavía se está avanzando en su implementación. Requiere una movilización de recursos que está siguiendo su marcha. Eso va avanzando mientras se hacen otros esfuerzos. Esperamos que opere muy bien, que sea implementado sin obstaculización y que al final se haga una rendición de cuentas.

— ¿Se están desarrollando otras iniciativas?

Hemos recibido ayuda de otros países, cuyos recursos no pasan ni por el gobierno ni por la oposición. Sí ha habido otras conversaciones, en este momento se está trabajando la entrada del Programa Mundial de Alimentos. Que entre esta agencia al país es muy importante, debemos estar atentos a esto.

— ¿En estos casos, quién maneja los recursos?

Las agencias con las que se tramitan las donaciones. Lo que sí creo es que se deben rendir cuentas tanto al donante como a la sociedad. Además, en este momento de tanta sensibilidad política, el Sistema de Naciones Unidas garantiza que se distribuyan los recursos a todas las partes.

— Ante el incremento de las violaciones de derechos humanos ¿cómo se protege a la víctima? Luego de ser afectado ¿qué procede? ¿Qué garantías tiene?

— En un entorno muy complejo no deja de ser importante utilizar mecanismos como la denuncia ante órganos que sabemos que no harán la diferencia, pero es importante tener la documentación. Esto lo necesitamos para visibilizar la situación y movilizar a la opinión pública. Es importante saber que hay un equipo de la alta comisionada de derechos humanos aquí en el país y las organizaciones se articulan para levantar la voz ante estas instancias.

Es desafortunado que en muchos casos no haya respuesta, pero eso no significa el cese del esfuerzo, de seguir exigiendo y divulgando.

— ¿Cómo le hacen frente al hostigamiento por parte del gobierno?

— Es la naturaleza de quienes mantienen el poder. Tenemos que hacer coaliciones, evitar trabajar solos o aislados. Hacer frentes comunes en la medida de lo posible. El mecanismo que hemos utilizado es que cuando alguien es atacado el movimiento se articula a hacerle frente a esos ataques. Lo hemos visto en distintos frentes. Actuar como una fuerza común protege y ayuda a defender causas contra este tipo de arremetidas.

Nos tenemos unos a otros

La participación ciudadana, que se ha visto cercenada a lo largo de este proceso político, es necesaria en cualquier país que desee instaurar un gobierno democrático. Sin embargo, ante la negativa de las partes involucradas la sociedad civil se ha visto en la necesidad de organizarse para hacerle frente a las precariedades que ha dejado la crisis venezolana.

— Frente a este muy complejo agravamiento de la situación del país ¿qué le queda al ciudadano venezolano?

— Sigue siendo momento para la participación, para la organización y la acción conjunta. Por lo complejo y riesgoso que es el cuadro que enfrentamos es muy importante formar tejido social. Incorporarse a organizaciones o incluso crear nuevas. Sigue siendo necesario incorporarse en movimientos y expresarse como sociedad civil para exigir participación en asuntos públicos. La participación ciudadana le da el sentido a todo.
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— ¿Ha habido un repunte en la organización de actos civiles en el país?

— Me impresiona que en Acción Solidaria, en el ámbito humanitario, sin propósito construimos una red de 115 organizaciones aliadas para trabajar en la distribución de ayuda humanitaria. Hay voluntad de organizarse. Hay una movida muy importante de activistas de derechos humanos en defensa, promoción y documentación. Y así está ocurriendo en todos los temas. Es de las cosas que anima, meterse en un mundo en el que encuentras una riqueza que hace que digas “sí vale la pena”. Estás trabajando por construir país y ayudar a los que están alrededor en condiciones vulnerables. Sí vale la pena meterse e involucrarse.

— ¿La gente, de verdad, se tiene a sí misma?

— La gente significa comunidad. Colectividad. En este momento, si hay algo que creo tiene sentido promover, son los esfuerzos que se están haciendo de manera conjunta. Vernos como una comunidad que está muy afectada, muy exigida y darnos cuenta que todos estamos en esto. Lo que tiene más sentido es conocernos como parte de un colectivo y que la manera de poder hacerle frente a tanta precariedad es juntos.

Ante las dificultades no quedarnos callados, compartir y hacer causa común. Eso es tener sentido colectivo. Nos tenemos unos a otros, hagamos de esto un valor que nos permita encontrar caminos de salida. La situación amerita una mirada de solidaridad.
 

 
 

Editorial Roderick