Las restricciones de la cuarentena aumentaron el número de atropellos. La denuncia viene luego de que varios comerciantes tanto informales como constituidos reclamaron malos tratos y robos por parte de funcionarios del Estado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Caroní, Luis Arturo Núñez, denunció que desde el inicio de la cuarentena ha aumentado el número de denuncias sobre extorsiones por parte de funcionarios de seguridad del Estado a los pequeños y grandes empresarios de Ciudad Guayana.

Algunos funcionarios llegan a los establecimientos bajo el pretexto de que se está haciendo un proceso de investigación y amedrentan a los comerciantes con amenazas de detención, privación de libertad y decomiso de la mercancía. Además de esto, a los pequeños emprendedores los están contactando por redes sociales como unos supuestos clientes para luego decomisar los productos, señaló el gremialista.

“Han ido hasta las casas de los comerciantes, se han metido a punto de pistola y les roban la mercancía”, alertó. Expresó que los comerciantes no tienen confianza en los organismos de seguridad y hasta ahora no están dispuestos a realizar denuncias en las mismas instituciones de las que son afectados.

En Camcaroní en los últimos dos meses han recibido alrededor de 15 denuncias por este tipo de extorsiones. Cada una ha generado pérdidas para los comerciantes entre 3 mil y 10 mil dólares, ya sea por el robo de mercancía, dinero o ambos bienes.

Núñez detalló que los comerciantes que compran mercancía en San Félix también son perjudicados por funcionarios de seguridad que no cumplen con procedimiento legales y se inventan irregularidades para generar miedo y terminar quedándose con el dinero o los productos de los pequeños empresarios.

Para finales de julio en Camcaroní estimaban que al menos el 30% de sus afiliados habían cerrado de forma definitiva durante la cuarentena al no poder trabajar de forma continua. Con estos robos les ha tocado vender sus bienes para seguir laborando.

Desde Camcaroní están haciendo un informe para presentarlo en la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. Núñez indicó que no profundizarán en cuáles son los organismos y casos en particular para evitar represalias. “El sentimiento que los domina es el miedo, el temor, sobre todo cuando han ido directamente a sus negocios, a sus hogares”.

En Camcaroní están recibiendo los casos a través de @Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y sus redes sociales para cuantificar el daño que se le está generando a las víctimas y decidir entre todos cómo actuar de manera legal. Desde el gremio están proponiendo solicitar un fiscal nacional para atender estas ilegalidades.

Otras alertas

El 18 de marzo, a comienzos de la pandemia, comerciantes de San Félix denunciaban que funcionarios de la Policía Bolivariana utilizaban la contingencia como patente de corso para confiscarles la mercancía.

Rosa Miñano denunció en ese entonces que funcionarios le retuvieron 25 cajas de huevos en el Centro de Coordinación Policial Simón Bolívar, del sector La Unidad en San Félix, mientras trasladaba la mercancía de La Unidad hasta el mercado de la 45, a su negocio Jako Inversiones, C.A.

Unos días más tarde vendedores informales del mercado de Chirica denunciaban el robo de mercancía y dinero por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “Se llevaron arroz, harina, todos los toldos, hasta dólares, había personas que tenían dólares guardados y eso también se lo llevaron, se les perdió”, reclamaba el comerciante Samuel Montaño.

Cuatro meses más tarde, en el mes de agosto, vendedores informales del mismo mercado denunciaron que continuaban las arbitrariedades por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y Patrulleros de Caroní.

“Nos maldicen, nos humillan, ¿entonces uno no puede decir nada? Ah, ¡porque ellos son funcionarios!”, indicó uno de los comerciantes que prefirió no identificarse.

Otro de los vendedores reclamó: “Están robando al pueblo”. Dijo que eran tratados peor que unos ladrones por estos cuerpos de seguridad desde que comenzó la restructuración del mercado de Chirica.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Roy Quiaragua, declaró para ese momento que cuando un vendedor irrespetaba el horario establecido había confiscaciones, pero siempre cumpliendo el debido proceso y los derechos humanos.