Felicia Pérez, madre de tres de los 13 pemones detenidos en el asalto, informó que la empresa funeraria cobra 1.500 dólares por el traslado; por lo que considera que el gobierno debe hacerse cargo.

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Familiares del indígena pemón Salvador Franco, quien falleció este domingo en la cárcel de El Rodeo II del estado Miranda, exigen al gobierno el traslado del cuerpo hasta la comunidad indígena de San Francisco de Yuruaní (Kumarakapay) en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

Marisol Franco, hermana del indígena fallecido, expresó que el traslado es necesario para cumplir sus tradiciones, por lo que no debe ser cremado ni enterrado en otro sitio. “Queremos el cuerpo de nuestro hermano en la comunidad”, afirmó.

Franco fue uno de los 13 pemones detenidos luego del asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla en Luepa. Desde su traslado a la cárcel El Rodeo II sufrió sintomatología de COVID-19 y problemas estomacales, pero no recibió atención médica ni alimentación adecuada.

“Cuatro meses estuvo enfermo sin nada de atención médica”, relató su hermana. Consideró que ni a su hermano ni al resto de los pemones se les han garantizado los derechos humanos desde la detención. “Se murió de desnutrición, por falta de atención médica”, expresó entre lágrimas.

Felicia Pérez, madre de tres de los 13 pemones detenidos en el asalto, señaló que así como fueron trasladados desde Bolívar hasta Caracas tras la detención, deben ser devueltos a la comunidad. Informó que la empresa funeraria cobra 1.500 dólares por el traslado; por lo que considera que el gobierno debe hacerse cargo.

Por las condiciones de reclusión, teme que los demás pemones puedan enfermarse nuevamente, por lo que exigió su liberación. “Pueden llegar al extremo de Salvador”, insistió.

La hermana de Franco responsabilizó -semanas atrás- al gobierno de lo que pudiera pasar si no se le garantizaba atención médica. El 27 de noviembre el juez que llevaba el caso autorizó el traslado a un centro de salud, pero la orden no se cumplió.

A días de cumplir un año detenido, el pemón sangraba por la boca y no podía caminar. Estimaba que había perdido al menos 15 kilos. Su hermana reafirmó que esta muerte es responsabilidad del gobierno, por lo que insistió en que deben ser liberados los 12 pemones y el cuerpo de su hermano debe ser trasladado hasta la comunidad.

Desde la detención, los indígenas pemones sufrieron retardos procesales, violaciones al debido proceso y no han contado con un juicio justo. Además, están recluidos a más 900 kilómetros de distancia de su lugar de origen y no cuentan con agua potable, comida y atención médica, situación que ha sido denunciada por organizaciones como Foro Penal y Amnistía Internacional.

Salvador Franco es el quinto pemón de la comunidad de Kumarakapay que muere por acción u omisión del Estado en un periodo menor a dos años, desde que funcionarios de la Guardia Nacional dispararon contra la comunidad en febrero de 2019 en la antesala del ingreso de la ayuda humanitaria.

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