El Movimiento por la Paz y la Vida abre oficina para encauzar las múltiples denuncias sobre abusos militares e impulsar la recuperación de espacios para la promoción de valores, la cultura y el deporte.

El municipio El Callao, en el estado Bolívar, es uno de los sectores que registra más casos de violaciones de derechos humanos asociados a la anarquía generada por la extracción voraz del oro.

La población no escapa de los vejámenes, maltratos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas o detenciones arbitrarias, más allá de la evidente realidad de la violencia minera.

El Movimiento por la Paz y la Vida abrió una oficina de atención de derechos humanos en el sector El Perú, de El Callao. Ysaac Campos, coordinador nacional de los DD HH en esta organización, sostuvo que se trata de un lineamiento del Ejecutivo nacional, con el fin de “rescatar la práctica del deporte y la cultura”.

“¿Qué es lo que se quiere? Recuperar los valores del deporte, la cultura, la recreación, porque el futuro de Venezuela son los jóvenes. ¿Cómo los ayudamos si aquí no se les permite este tipo de actividad?”, afirmó Yatzana Campos, supervisora territorial en Bolívar.

Agregó que los casos se atenderán en materia legal y civil. “Nos han llegado muchos casos, primero tomaremos las denuncias y datos, y realizaremos el trabajo en materia de defensa de derechos humanos”.

Las primeras denuncias

El miedo a denunciar es el principal motivo de impunidad en violaciones de derechos humanos. Sin embargo, hay quienes se atreven a alzar su voz para exigir justicia.

Francelis Fernández, representante de Inversiones Indomin, denunció atropellos por parte del Comando Rural de la Guardia Nacional en la zona conocida como La Fábrica, en el sector El Perú.

“Se aparecieron y amedrentaron al personal, se llevaron el material (72 sacos de materia aurífera) y desconocemos a dónde se lo llevaron. La pequeña minería se está viendo afectada por estos agentes y las personas que se están sumando a trabajos grandes, y nosotros estamos siendo opacados porque no nos permiten trabajar como debe ser. Queremos que se tomen cartas en el asunto”, manifestó Fernández.

   
La oficina de atención del Movimiento por la Paz y la Vida está ubicada en el sector El Perú, de El Callao | Fotos Edwin Rosal

Indicó que aunque es la primera vez que le sucede esta situación, los funcionarios no habrían presentado orden alguna para la incautación del material.

“No contamos con respaldo alguno, no sabemos lo que nos pueda pasar. Trabajamos y a la vez como si no lo hiciéramos porque no nos toman en cuenta. Recurrimos a esta oficina para que nos brinden el apoyo. Ellos deberían dirigirse a los funcionarios que nos arremetieron, los funcionarios se aparecieron sin orden y se llevaron el material y dijeron al personal que era de parte nuestra cuando eso es mentira”, sostuvo.

Yetzelus Arcia, por su parte, denunció a un teniente de la Guardia Nacional por presunta extorsión. El funcionario le estaría pidiendo ocho gramas de oro a cambio de la liberación de su hijo de 16 años, recluido en el Instituto Nacional de Atención al Menor (INAM), en San Félix.

“Estoy preocupada por lo que le puede pasar a Maikel Perdomo (su hijo), que se lo llevaron al INAM. Me querían extorsionar para que pagara ocho gramas de oro, y no tengo para pagar eso, más bien me ayuda la gente de la comunidad y me siento agradecida de ellos. El 28 de agosto llegamos de trabajar, dijeron que mi hijo es malandro, que cobra vacuna, y él se dedica a la mina con su padre y su madre”, declaró.

Agregó que muchos en la comunidad tienen miedo a denunciar y por ello pagan las consecuencias. “A mi hijo lo acusan de terrorismo, que lo agarraron en una parte donde había droga y hay testigos de que él no vende nada de eso. Él es minero, como no quería trabajar, yo le dije que no iba a mantener a vago y lo puse a trabajar con nosotros en la minería. Aquí todos saben que es así”, explicó.

Arcia afirmó que es recurrente este tipo de casos en El Callao. “Se meten a las casas, a los molinos, sin permiso, sin saber qué está haciendo uno”.

Las denuncias de la ONU

La Acnudh en el documento titulado Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, detalla que en el Arco Minero del Orinoco los grupos armados torturaban, desaparecían y mataban personas bajo la complicidad de funcionarios del Estado.

El documento de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, evidenció las grandes vulneraciones de los derechos humanos en el país.

El informe hace eco con minuciosidad de la peligrosidad de las zonas mineras de sur del estado Bolívar y los daños que esto ha generado a los ciudadanos que allí trabajan y a las comunidades indígenas cercanas a estas zonas.

El equipo de Bachelet señala que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) está controlada por grupos delictivos organizados. Estos imponen sus propias reglas, sacan beneficios económicos a todo lo que implica trabajar en estos territorios y aplican tratos crueles, asesinan y desaparecen a personas que no cumplan con su normativa.

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