Aunque el Tribunal Quinto de Control de Piar estableció como lugar de reclusión para los detenidos por los saqueos en Upata la sede de la GN en La Romana, municipio Piar, familiares denunciaron que los trasladaron a los CCP Guaiparo y Vizcaíno, en San Félix.

Familiares de detenidos por los saqueos del pasado 23 de abril en Upata, municipio Piar del estado Bolívar, marcharon la mañana de este lunes desde el sector Sierra III hasta el centro de la ciudad, para exigir su liberación. Aseguran que los aprehendidos no participaron en los hechos y los culpables están en libertad.

Aunque el parte policial indicó que hubo 33 personas apresadas por el saqueo a al menos cuatro comercios adyacentes al Mercado Municipal de Upata, parientes afirmaron que hay 40 presos, cifra que también maneja el equipo de Defensas Bolívar.

La marcha llegó incluso a la Alcaldía de Piar y recorrió las calles del centro, pero luego se dispersó por amenazas de la Guardia Nacional, afirmó la hermana de uno de los detenidos, quien también relató cómo fue la captura de su hermano.

“Él salió en la mañana a comprar un queso y una mantequilla. Pasó lo que pasó y entonces se regresó, no compró nada. Como vivimos cerca del mercado, ya se venía para la casa y cuando iba pasando por puente Merecure, lo agarró la Guardia Nacional. Se lo llevaron y le cayeron a golpes. Él no tiene antecedentes. No nos dejaban verlo ni para pasarle agua”, denunció la hermana de uno de los detenidos, que prefirió resguardar su identidad.

Privados de libertad

De acuerdo con el equipo de Defensas Bolívar, los arrestados fueron presentados el sábado 25 de abril ante el Tribunal Quinto de Control de Piar, el cual dictó privativa de libertad. Los delitos imputados fueron saqueo, daños a la propiedad privada, instigación a delinquir y agavillamiento.

   
Andarcia afirma que 32 apresados fueron enviados a la sede militar en La Romana y ocho a la Policía Municipal | Fotos cortesía

Aunque el tribunal estableció como lugar de reclusión para la mayoría de los detenidos la sede de la Guardia Nacional, en La Romana, en Piar, familiares denunciaron que cambiaron las boletas de encarcelamiento y trasladaron a los hombres al Centro de Coordinación Policial Guaiparo, y a las mujeres al CCP Ramón Eduardo Vizcaíno, ambos en San Félix, municipio Caroní, a 45 minutos de distancia.

“Están diciendo que son 32 detenidos, pero no, son 40 y hay uno en el hospital, y es falso que estén en La Romana, anoche nos logramos comunicar y tienen a cuatro o cinco féminas en Vizcaíno y a los demás en Guaiparo”, aseguró la fuente.

Simón Andarcia, defensor de DD HH y miembro de Defensas Bolívar, precisó que 32 apresados fueron enviados a la sede militar en La Romana y ocho a la Policía Municipal.

Con respecto a los 18 detenidos por el saqueo a un comercio en la avenida Caracas, sector Core 8 de Puerto Ordaz, Andarcia señaló que ocho quedaron privados de libertad y recluidos en Altos de Caroní.

Consecuencias socioeconómicas y políticas

Para Andarcia, los arrestos en Upata son consecuencias sociales, económicas y políticas, y calificó de contradictorio que mientras se dan estas aprehensiones en medio de un estallido social por el hambre y la crisis económica en pleno confinamiento por la pandemia de la COVID-19, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, liberara a 382 reos de la cárcel de Tocuyito.

Recordó también la solicitud para la liberación de los presos por razones políticas, muchos de ellos sin juicio y sin derecho a la defensa. Entre ellos está el dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, quien cumplirá el 29 de abril un año y cinco meses preso en la cárcel La Pica, en Monagas. Recientemente fue llevado a una clínica por una crisis hipertensiva y el tribunal no ha dado ninguna medida humanitaria, pese a las solicitudes de la defensa y familiares.

Andarcia reiteró que las detenciones deben ser motivadas. “No se trata de recibir líneas políticas para dejar a la gente privada de libertad”. Recordó que el uso de armas de fuego no está permitido para la dispersión de protestas y manifestaciones.

Precisamente hay al menos un funcionario que fue puesto a orden del Ministerio Público, según informó el gobernador Justo Noguera Pietri, por el asesinato de Charlis Núñez, de 29 años, quien recibió dos disparos en la cabeza, presuntamente por parte de un funcionario de PoliPiar. Según Andarcia, hay por lo menos cuatro policías que son investigados por estos hechos en los que también hubo otras dos personas heridas por arma de fuego.