El desborde de la hiperinflación y el agotamiento de las reservas en los hogares por la cuarentena causa un malestar social que deriva en saqueos y disturbios en la capital del municipio Piar.

Las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19 en una Venezuela que ya arrastraba una pesada crisis económica, recrudecen la situación del venezolano que vive del día a día pero no puede trabajar para cumplir con la cuarentena. Mientras tanto, la hiperinflación sigue en avanzada y se reduce aún más la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

El alza en los precios de los alimentos, a la par con la subida en la tasa de cambio del dólar que sobrepasó este 23 de abril la barrera de los Bs. 200.000, fueron detonante para una protesta en las adyacencias del mercado municipal de Upata, municipio Piar del estado Bolívar, en la que saquearon al menos cuatro establecimientos asiáticos, reportó la Cámara de Comercio de Piar y Fedecámaras Bolívar.

En los disturbios intervino la Policía de Piar y la Guardia Nacional para dispersar con bombas lacrimógenas. Sin embargo, la represión fue a mayor y pronto eran detonaciones de arma de fuego lo que se escucharon. Una persona asesinada y otras dos heridas por impactos de bala fue el saldo de esta acción que violenta los estándares internacionales en el control del orden público.

   
La indignación de los upatenses quedó reflejada en el asfalto en referencia al motivo del asesinato de Charlis Antonio Núñez Palma

Residentes acusaron directamente a funcionarios de Polipiar, al dejar escrito: “Murió por hambre. Polipiar”, en la calle Vargas, la misma donde cayó herido Charlis Antonio Núñez Palma, de 29 años de edad, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza, según indica el parte policial. El joven fue trasladado al Hospital Gervasio Vera Custodio, donde falleció horas después de su ingreso.

También se identificaron a otras seis personas lesionadas, dos de ellas por impacto de bala, las cuales están estables: Kelvin Alfonso Maurera, de 23 años de edad, herido en la parte posterior del cuello; y un menor de 15 años de edad con herida de bala en la rodilla derecha.

Los otros heridos son Zhen Furong, de 34 años de edad y nacionalidad china, propietario del Supermercado Oriente LEAN; Orlando Javier Medina Cheti, de 34, quien presentó fractura en el brazo derecho; Alquímedes Pompilio Otero Rodríguez, de 28 años, con fractura de pierna izquierda; y Ronnel José Solís Rivas, de 30 años, funcionario de la Policía de Piar, quien presentó traumatismo cráneo facial con fractura de maxilar superior por lesión con objeto contundente.

Inicialmente la Guardia Nacional informó sobre la detención 10 personas por los saqueos en Upata, cifra que luego se incrementó a 33 apresados preventivamente, entre ellos tres menores de edad y cuatro mujeres, quienes fueron puestos a orden del Ministerio Público.

Luego de este hecho, se ordenó el reforzamiento de la seguridad en el municipio Piar con unidades de la GN y la Policía del estado Bolívar (PEB), y “se recordó a los organismos de seguridad la prohibición de empleo de armas de fuego en este tipo de alteración del orden público”.

Cerca del mediodía se registró un conato de saqueo a la altura de la conocida redoma del Psiquiátrico, en Ciudad Bolívar. La zona fue tomada por organismos de seguridad.

En Ciudad Guayana también se desplegaron funcionarios militares con tanquetas y camiones de la Guardia Nacional, para instar a comercios a cerrar sus puertas en horas del mediodía, mientras monitoreaban diferentes sectores que pudieran ser focos de disturbios.

Exigen seguridad

Desde la semana pasada, el gremio empresarial y comercial se pronunció para exigir, entre otras cosas, garantías de seguridad tanto para los establecimientos que se mantienen laborando durante la cuarentena, como aquellos que debieron cerrar temporalmente por las medidas de confinamiento.

En entrevista para Fedecámaras Radio, el presidente de esta federación en el estado Bolívar, José Alfredo Olivo, lamentó los saqueos a comercios de Upata y recordó que esta situación se venía alertando desde el pasado miércoles.

A su vez, manifestó su preocupación por las declaraciones de Nicolás Maduro sobre una concertación de precios.

   
Cuatro establecimientos saqueados, seis personas heridas de bala y más de 30 detenidos fue el saldo de los disturbios en el municipio Piar este jueves

“El gobierno hace caso omiso a los planteamientos de los empresarios y termina haciendo control de precios, y eso hunde más al sector económico porque los empresarios terminan produciendo a pérdida”, consideró.

Olivo agregó que debido a la cuarentena por la COVID-19, muchos comercios desean abrir sus puertas, a pesar de no estar incluidos en los sectores prioritarios, ya que viven del día a día y deben pagar gastos de nómina e impuestos municipales.

La Cámara de Comercio e Industrias de Caroní (Camcaroní) emitió un comunicado en el que exhortan a las autoridades competentes a ejecutar inmediatamente un plan de seguridad que garantice la integridad de los establecimientos empresariales y sus trabajadores.

“Es responsabilidad del Estado tomar las acciones necesarias para evitar que las empresas sean objeto de robos y vandalismo, y atender a una situación que sin tomarse los correctivos oportunos, agravaría la profunda crisis económica que vive el país”, señala Camcaroní.

El gremio agregó que diariamente reciben denuncias de sus afiliados por la desprotección ante esta situación.

“Sin empresas no hay progreso, hoy más que nunca debemos entender la importancia de tener un lugar donde laborar. Exigimos el debido resguardo de la propiedad privada”, puntualiza el comunicado.

Por otra parte, comerciantes de Upata responsabilizaron directamente a las autoridades gubernamentales de lo ocurrido, entre ellos Nicolás Maduro y Justo Noguera. Además, indican que Horacio Carbones, propietario de la emisora 98.7 FM, por incentivar los saqueos en el programa La Batalla Informativa, en donde políticos y vecinos adeptos al gobierno de facto hicieron el llamado a “atacar a los comercios y a sus propietarios”.

“Cuarentena con hambre no dura”

Para el dirigente regional de Encuentro Ciudadano, César Ramírez, lo ocurrido en Upata demuestra que el ciudadano no está en capacidad de cumplir una cuarentena cuando la mayoría depende de su trabajo del día a día para subsistir. “Cuarentena con hambre no dura”, afirmó.

Ramírez responsabilizó a la alcaldesa de Piar, Yulisbeth García, y el gobernador Justo Noguera Pietri por estos hechos.

“La alcaldesa ordenó la salida de Polipiar y colectivos armados quienes disparaban impunemente al pueblo desarmado”, expresó Ramírez.

Agregó que debido a la falta de una política social que ayude a los venezolanos a poder adquirir los productos básicos, “el autoritarismo de Justo Noguera, el alza en los precios de los productos tras la subida del dólar y la escasez de combustible, que ya es vendida en el mercado negro hasta en dos dólares por litro, conformaron un cóctel explosivo que enviaron a los upatenses a las calles y provocaron los saqueos”.

Para la dirección ejecutiva de Vente Bolívar, “el control social que ha impuesto este régimen a través de las cajas CLAP y salarios pírricos encontró un límite en Upata, y ese límite se llama hambre, un fenómeno que no se detiene ni siquiera por la pandemia de COVID-19”.

Violencia en el sur

El Observatorio de Conflictividad Social (OVCS) reportó que a los disturbios de Upata se le suman saqueos en el estado Monagas y Sucre. Además registró que hubo al menos 15 protestas por derechos sociales a lo largo del territorio nacional.

Asimismo, la violencia no ha frenado en el sur del estado Bolívar. Desde Tumeremo, municipio Sifontes, siguen las denuncias de presuntos abusos por parte del Ejército, luego del asesinato del comandante Ernesto Solís y el sargento Gustavo Flores.

La tarde del 21 de abril también se dieron disturbios en la población El Dorado, donde cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego. El hecho se dio luego de que funcionarios de la GN y la Comisión Nacional Antiextorsión y Secuestros incautaron unas cajas de licores del centro nocturno Cataleya.