La alta movilización de gandolas por la troncal 10, desde la frontera Venezuela-Brasil, preocupa a las comunidades, al igual que la imposibilidad de moverse a comprar alimentos tanto por la falta de gasolina como por la cuarentena.

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En los últimos seis meses, el tráfico de gandolas cargadas de alimentos de Brasil hacia el sur de Venezuela es constante y diario. El cierre de la frontera Venezuela-Brasil no limitó esta movilización y la exposición a este tráfico de las comunidades indígenas que se encuentran en el borde de la troncal 10, la vía internacional que comunica con el gigante amazónico, es una de las principales preocupaciones. “Los gandoleros van y vienen y son los que pueden venir con la enfermedad”, dijo la capitana indígena de la comunidad San Ignacio de Yuruaní, Angelina Velásquez.

Los gandoleros pasan el límite fronterizo, cumplen con una serie de controles sanitarios y prosiguen su paso. En el enorme trayecto, se detienen a comer y descansar en algunas de las comunidades situadas en la vía, en donde algunos indígenas con negocios de artesanías y comida siguen laborando.

“Nosotros prácticamente vivimos en cuarentena porque no estamos en la ciudad, pero nos preocupa el tránsito de los gandoleros, gandolas, la gente que viene de Brasil pasan por las narices nuestras y algunos comerciantes nuestros están atendiendo”, explicó Gabriel Fernández, capitán de la comunidad pemón San Francisco de Yuruaní o Kumarakapay, en lengua indígena.

Este jueves, la comunidad discutía implementar una serie de medidas preventivas para aminorar el riesgo: que los funcionarios policiales apostados en el comando de la troncal 10 informaran a los conductores que no pueden bajarse de sus automóviles y que la compra sea entregada directo en el vehículo. “Nuestra preocupación son los comerciantes que están a la orilla de la carretera”, insistió.

La comunidad recibió 1.200 mascarillas de parte de la Gobernación de Bolívar que fueron distribuidas a los moradores más cercanos a la carretera, dijo, pero no han recibido insumos de limpieza como cloro para desinfectar los espacios comunes.

En la cercana comunidad de San Ignacio de Yuruaní también recibieron 1.000 mascarillas, alcohol y guantes y la capitanía junto a uniformados de la Guardia Nacional han ido casa por casa informando a la comunidad sobre las medidas preventivas que deben tomar.

No se permite el ingreso de personas sin tapabocas y monitorean el ingreso de foráneos, informó la capitana indígena Angelina Velásquez, quien coincidió en que la movilización de transporte de carga pesada les genera temor.

“Mi preocupación es también porque en nuestro ambulatorio, para cualquier situación que se presente sea coronavirus o no, no tenemos ni un frasco de solución fisiológica”, dijo. Los tratamientos para pacientes diabéticos también se agotaron, agregó.

  Comunidades indígenas del sur de Bolívar requieren suministro de proteínas en medio de la cuarentena. El aislamiento y la falta de gasolina les impiden movilizarse | Fotos María Ramírez Cabello  

El conuco salva, pero requieren proteínas

La cuarentena para evitar la propagación de la COVID-19 ha afectado también la posibilidad de los indígenas pemones de movilizarse a comprar alimentos, una diligencia que usualmente realizan en los comercios de Santa Elena de Uairén o Pacaraima, este último el primer poblado brasileño tras pasar la línea limítrofe.

“La preocupación ahorita también es porque la mayoría compra comida en Santa Elena, no tenemos cómo sustentar eso, se está enviando comunicación a las autoridades para que puedan enviar pollo, pescado, carne, proteínas. El CLAP lo enviaron”, informó el capitán de Kumarakapay.

“No tenemos cómo trasladarnos a Santa Elena, ¿cómo uno hace?, no tenemos un supermercado, pero uno no puede salir de la comunidad”, coincidió Velásquez. “Las cajas CLAP llegaron hace tres semanas, y ya nos corresponde nuevamente”, agregó. En la última entrega, informó la capitana, tuvieron que asumir la mitad del costo de las cajas, debido a que las familias no tenían cómo pagar por la paralización de sus actividades de venta de artesanía o turismo por la cuarentena.

“Muchos no tienen cómo pagar, la última vez tuvimos que cubrir casi la mitad de las cajas porque no tenían dinero. Cada día está más difícil la situación”, añadió. Perciben que no ha habido una atención especial y diferenciada para la población indígena, que considere su modo de vida y cosmovisión.

Quienes cuentan con conucos tienen sustento, por ahora, que les permite ayudar a miembros de la comunidad y familiares con distribución de verduras, casabe o bebidas típicas como el kachiri, una bebida fermentada a base de yuca. Actividades como la pesca con barbasco también han aumentado, indicó Velásquez. “En cuatro lagunas han echado barbasco para pescar”, dijo.

Pero la producción de casabe también se ha visto afectada por la falta de gasolina, un insumo esencial para la máquina con la que rallan las yucas. El problema no es nuevo. A finales de enero, Florencia Ayuso movía de un lado a otro el mañoco que secaba -por más de una hora- sobre la cocina a leña en su conuco próximo a San Ignacio de Yuruaní.

A la puerta de la casa, esperaban un cúmulo de yucas, que no sabía si podría rallar por completo, pues el equipo para el rallado mecánico no tenía gasolina desde hace semanas.

La escasez de combustible pone en riesgo no solo la producción para el consumo familiar, sino también el de fábricas artesanales más grandes que abastecen al mercado de Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil. Desde entonces, el problema se ha acentuado.

Coica pide garantizar acceso a la alimentación

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), que incluye a Venezuela, Colombia, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana y Perú, solicitó a principios de abril activar la cooperación internacional con “fines solidarios y humanitarios” a través de las estructuras orgánicas propias de pueblos indígenas para dar atención médica oportuna a las comunidades afectadas por la COVID-19 y suplir sus necesidades básicas.

Asimismo, establecer con las organizaciones de los pueblos indígenas y las autoridades de los países amazónicos una “coordinación ágil y efectiva” para mantener a las comunidades libres de contagio y garantizar el acceso a derechos fundamentales como alimentación y salud integral.

En este punto, piden garantizar el acceso a la alimentación, protegiendo la economía de las comunidades productoras y el acceso a fuentes propias mediante prácticas de pesca, cacería y recolección, “vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros”, debido a actividades de minería, petróleo, hidroeléctrica y de explotación forestal.

En materia de salud, piden la debida asistencia con el suministro adecuado de insumos para la protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal y, a la par, garantizar la reposición adecuada.

En las comunidades del sur de Venezuela, en la Amazonía, esta solicitud no ha sido atendida.