El coordinador de pueblos indígenas para Foro Penal comentó que durante la entrega, los pemones de la Misión Aurora aseguraron haber actuado bajo engaño, tras más de un mes, familiares no ha podido ver a los detenidos.

Desde el 22 de diciembre de 2019 a los 13 pemones detenidos de forma irregular por fuerzas del estado, no se les ha respetado sus derechos al debido proceso, los tiempos de presentación no se han cumplido y han sido maltratados desde el momento de su entrega, todo esto luego del asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva, Mariano Montilla, en el sector Luepa, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

El asalto ocurrió en medio de un clima de alta tensión política, que llegó a su punto máximo el 28 de febrero de 2019 cuando, en la antesala de la entrada de la ayuda humanitaria anunciada por Juan Guaidó, el Ejército nacional y grupos irregulares disparara y masacrara a ocho indígenas de la etnia pemón que participaban en diversas protestas a favor de la entrada de las medicinas y alimentos desde Brasil.

Desde entonces, Kumarakapay -la comunidad donde ocurrió el primer ataque militar- está bajo medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). En ellas se le demanda al gobierno de Nicolás Maduro que adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal, y garantice la seguridad de los indígenas de la etnia pemón. Se le exige al Estado que los agentes respeten los derechos de los beneficiarios y se abstengan de hacer un uso de la fuerza de manera incompatible con los estándares internacionales sobre la materia.

La protección, sin embargo, no fue aplicada por el Estado. Más bien se ha intensificado el hostigamiento según Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas Foro Penal: “No solamente se violó el debido proceso, sino también dentro de la comunidad con sus familiares fueron golpeados y maltratados”.

Los 13 indígenas no fueron presentados en el plazo legal de 48 horas correspondientes, sino el día 27 de diciembre -cinco días después- en un tribunal militar que declinó sus competencias. 20 días después, el Tribunal Cuarto de Control con competencias en terrorismo, en Caracas, asumió el caso.

Para la Organizaciones de las Naciones Unidas, en su declaración sobre los derechos de pueblos indígenas estipulan: “los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales” pero el régimen del presidente Nicolás Maduro no les ha permitido aplicar la jurisdicción especial de pueblos indígenas contemplada en la constitución.

Los 13 pemones permanecen dentro de las instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sitio de detención que no es el pertinente para la reclusión prolongada de los indígenas ya que no cuentan con la estructura en diseño ni con las garantías de alimentación comunes de un centro penitenciario, la sede está creada para periodos cortos de máximo 48 horas. Allí de manera inconstitucional han pasado más de 30 días sin tener contacto con familiares o abogados. De hecho, “ninguno de los familiares ha podido verificar su estado físico, incluso se le pudo ingresar ropa para cambiarse hace dos semanas atrás y eso prácticamente rogando al Dgcim para poder ingresar esta ropa”, argumentó el defensor de Foro Penal.

Continúa la persecución

A pesar de las denuncias y solicitudes de distintas ONG por el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la medida cautelar aplicada por la CIDH luego de los asesinatos ocurridos Kumarakapay en febrero de 2019, el coordinador de pueblos indígenas aseveró que se ha incrementado la persecución: “Hostigamiento hacia los líderes indígenas, militarización de los territorios y el ingreso de grupos irregulares a la comunidad el cual el Estado venezolano no ha frenado”.

Foro Penal denunció al Comité de desapariciones forzosas de Naciones Unidas la desaparición de Frank Fernández y José Perales el pasado 22 de diciembre. Se desconoce si fueron presentados a un tribunal o cuál es su sitio de reclusión. A pesar que ya ha pasado más de un mes de su detención, ni su familia sabe acerca de su paradero.

Los 13 casos son defendidos por Foro Penal, quienes plantearan una defensa con base en las violaciones al debido proceso, el incumplimiento a la medida cautelar impuesta por CIDH y como tercer punto, las violaciones de los derechos colectivos, por lo que exigen que el tribunal conozca la jurisdicción especial indígena, lo cual está contemplado constitucionalmente en la ley.

Aunque Nicolás Maduro ha manifestado su lucha por la dignidad de los indígenas, esto no ha sido del todo asegurada para comunidades del pueblo pemón.

Los 13 pemones ocupan tan solo una parte de los 382 presos políticos en Venezuela. Los asesinatos y encarcelamientos han generado que más de 900 de estos indígenas hayan huido a Brasil según Foro Penal. Esta situación para Amnistía Internacional ha tomado el nombre de catástrofe, la cual podría arrastrar la existencia de los pueblos ancestrales, su cultura y raíces.

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