De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, los municipios más violentos en Bolívar son El Callao, Roscio y Sifontes.

Venezuela se mantiene como uno de los países más violentos en el mundo. En 2019 se registraron al menos 16.505 homicidios, una tasa de 60,3 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, muy por encima de cualquier de los otros países considerados violentos en América Latina, según precisa el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

“Esta tasa es el resultado de los tres tipos de homicidios que desde hace más de una década estudiamos como integrantes de la violencia en la sociedad: los 6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, cuya tasa es de 24 víctimas por cada cien mil habitantes; los 5.286 homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado y que son clasificados como muertes por resistirse a la autoridad y cuya tasa es de 19 víctimas por cada cien mil habitantes; y los 4.632 homicidios que, por considerar que han tenido una intencionalidad indeterminada, los registros oficiales han catalogado y archivado como averiguaciones de muerte y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada cien mil habitantes”, detalla María Virginia Alarcón, coordinadora del OVV en Bolívar.

Precisamente Bolívar se convirtió en el segundo estado más violento de Venezuela en 2019. El reciente informe del observatorio indica que los cinco estados con las mayores tasas de violencia en el año fueron Miranda (87 por 100 mil/habitantes), Bolívar (84 por 100 mil/habitantes), Aragua (82 por 100 mil/habitantes), Distrito Capital (76 por 100 mil/habitantes) y Guárico (70 por 100 mil/habitantes).

Alarcón explica tres aspectos importantes en torno a estos resultados. “El primero es que el estado Miranda desplazó al estado Aragua del primer lugar que éste había detentado en los dos años anteriores. El segundo, es el ascenso continuo de posición del estado Bolívar, el cual estuvo en cuarto lugar en el año 2017, en el tercer lugar en el 2018 y ahora se ubica en el segundo lugar este año 2019. Y el tercer aspecto es la aparición del estado Guárico entre los cinco estados más violentos del país”.

“Las altas tasas de los estados Miranda, Aragua y Distrito Capital se corresponde a la configuración de la violencia urbana en la región centro-costera del país, la cual ha sido históricamente el eje más violento del país, pero en el cual se ha desplazado la criminalidad desde los grandes centros urbanos hacia las zonas suburbanas o semi-rurales de los estados Miranda y Aragua, en los cuales se han instalado centros de operación de las bandas criminales que actúan enfrentándose e imponiendo el control territorial, con sus efectos duales unas veces en la reducción y otras en el incremento de la violencia”, indica el informe.

En cuanto a Bolívar y Guárico, la tasa de violencia está relacionada con el incremento de la acción delictiva en las zonas rurales del país. En Bolívar, con la expansión de la actividad criminal en el Arco Minero, en el cual se enfrentan los llamados sindicatos, los grupos guerrilleros y las fuerzas policiales y militares, por el control de las minas. En Guárico se libra una guerra entre bandas por el control de las rentas que proporciona la extorsión de las actividades ganadera y comercial, y por el control de las rutas de las carreteras que conectan los estados Apure y Bolívar, al sur del país, con las ciudades y puertos el centro del país, en Aragua y Carabobo.

Entre las 10 entidades más violentas se observa también la presencia de estados que no fueron históricamente violentos, como Sucre, Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro. En parte se atribuye a que las rutas del tráfico de drogas y de la minería ilegal están modificando la geografía de la violencia.

Por otra parte, paralelo a la reducción de la tasa de homicidios en los estados más violentos del país, este año ocurrió un incremento en las tasas de homicidios en los estados menos violentos. En los cuatro estados con menor violencia: Mérida, Nueva Esparta, Falcón y Táchira, se pudo observar un incremento de varios puntos en la tasa de crímenes en relación al año 2018.

La violencia en Bolívar

Entre enero y octubre de 2019, haciendo un monitoreo en prensa, el OVV en Bolívar contabilizó 974 casos, que reflejan un incremento del 5,29% en relación al total de los casos registrados durante 2018.

“El municipio Caroní, el cual posee el mayor número poblacional, registró el 62,3% de los casos, seguido de Heres con un 14,3%, El Callao con 5,4%, Piar con 5,3% y Roscio con 4%, estos tres últimos son los municipios en los cuales el control por la actividad minera es la principal causa de violencia”.

Alarcón acota que la mayoría de los casos están en Caroní porque en el resto de los municipios el acceso a la información es limitado. Por otra parte, mientras Caroní tiene mayor número de casos matriculados, al analizarse las tasas de violencia con relación a la cantidad de habitantes de cada municipio hay una lectura diferente.

Los municipios más violentos del estado conforme a dichas tasas por cada 100 mil habitantes son: El Callao, Roscio y Sifontes. En comparación al año 2018, se mantienen como los tres más violentos, aun cuando presentan una disminución en sus tasas de violencia.

Para el 2019, según número de casos, dentro de las parroquias con mayor cantidad de registros se mantiene Chirica con un 21%, seguida de la parroquia Simón Bolívar con un 19,21% (ambas ubicadas en San Félix) y en tercer lugar la parroquia Unare (Puerto Ordaz) con 15,10%. En relación a las tasas de violencia se mantiene Unare como la más violenta con 126 por 100 mil habitantes, seguido de Chirica 107 por cada 100 mil habitantes.

El OVV en Bolívar contabilizó en los primeros 10 meses del año 1.232 víctimas de violencia interpersonal, de las cuales el 66,6% corresponden al delito de homicidio. “La población masculina continúa siendo la más vulnerable a situaciones de violencia, sobre todo la población joven comprendida entre los 25 y 35 años. Podemos destacar un aumento en los casos de violencia sobre la población femenina, la cual presenta un incremento 58,75% con relación al total de los casos registrados en el 2018. Es importante considerar aquellos casos que por diversos motivos no son denunciados o informados en prensa, lo que genera la presunción de que las cifras pueden ser mayores”.

Aunque lo común es el victimario desconocido, ha incrementado la violencia policial; con un total de 231 casos registrados se posiciona en el segundo lugar, que representan un 23,7% de la totalidad de los casos. “La violencia ejercida por funcionarios de seguridad deriva de distintos organismos siendo los más comunes el Cicpc, GNB y la Policía regional. El Cicpc es el más denunciado por su violencia, reportando un 50,64% de la totalidad de los hechos. En relación a otros organismos de seguridad, se hace referencia a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb), los cuales destacan en hechos relacionados con la zona sur de la entidad y operativos de contrainteligencia”.

De hecho, el OVV observa que de 335 municipios, en 175 hay “una epidemia de violencia policial”. En seis estados hubo más muertes por policías que por delincuentes: Guárico, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Aragua y Portuguesa. En 10 municipios no hubo muertes por delincuentes, pero sí por funcionarios policiales.

“Los municipios al sur del estado han punteado en las noticias por las muertes violentas que ocurren en sus principales ciudades generadas por la minería y extrativismo ilegal, desplazamiento de los pueblos indígenas, prostitución y trata de personas. El Callao, una ciudad que se caracterizaba por el oro y el calipso, las madamas y los negros pintos, actualmente, solo resuena su nombre para informar sobre la guerra del oro y el dominio de la zona. Este año, al menos cuatro decapitados han aparecido en plazas o zonas icónicas de la ciudad para hacer llamados de alerta o ultimátum a las autoridades o a los lugareños”, añade Alarcón.

Sobre los tres municipios más violentos: El Callao, Roscio y Sifontes, señala que poseen características similares en cuanto a la violencia. “Las estructuras de poder están dadas por grupos irregulares que mantienen el control de las zonas y las disputas o enfrentamientos que ocurren es por el mantenimiento de control de la misma. Existe presencia de algunos organismos del Estado, sin embargo, no son referentes de autoridad en los municipios, solamente actúan para contrarrestar no la delincuencia como tal, sino el control que tienen esos grupos irregulares en los yacimientos mineros de mayor producción y sobre los cuales el Estado tiene intereses particulares”.

Recuerda que “la minería en el estado no es una actividad nueva, fue industrializada y tecnificada aproximadamente a partir de 1950, con la promulgación de la ley de minas y la posterior creación de las empresas estadales pertenecientes a la Corporación Venezolana de Guayana. A partir de 1990 inicia el auge de la explotación del oro en el estado, pero ya desde los años 80, la minería artesanal y los llamados garimpeiros, mineros provenientes de Brasil, inician su actividad depredadora en la zona, pues la misma se caracterizaba por ser ilegal y descontrolada afectando considerablemente el ambiente y propiciando hechos de violencia (...) En la actualidad, pese a los planes gubernamentales para controlar la situación de la minera del estado, lo cierto es que se ha desatado la violencia por el control y dominio de la zona, incrementó el contrabando de oro, las condiciones de trabajo son cada vez más precarias produciéndose la reaparición de enfermedades epidemiológicas ya erradicadas como la malaria, aparición y reforzamiento del pranato minero y de los sindicatos, el resurgimiento de nuevas formas de esclavitud modernas como la trata de personas, trabajo forzoso, explotación infantil, prostitución, entre otras; condiciones de salubridad e indigencia, incremento de presencia de niños de la calle, impacto ambiental depredador, desplazamiento de los pueblos originarios de zonas protegidos, territorios dominados por mafias que incluyen la gasolina, la moneda de curso legal en efectivo, alimentos, etc., acompañados de extorsión y cobro de vacunas; abusos de los cuerpos de seguridad del estado, corrupción de personas ligadas al gobierno y de los mismos cuerpos de seguridad”.

“Al contrastar la información oficial con testimonios de los lugareños, estos consideran el sur como tierra de nadie, donde las bandas o grupos armados irregulares mantienen el dominio de la zona, no solo de las minas, aplicando medidas coercitivas para todo aquel que viola las reglas impuestas asociadas a robo, homicidios u otras acciones consideradas como delitos, los cuales tendrán castigos que van desde el desprecio público como pasear por las plazas de las ciudades con carteles que indican el delito cometido, como amputaciones de extremidades, ojos o lenguas; o la desaparición o muerte. Indican que la muerte puede llegar no solo por el hecho de la violencia cometida por grupos armados o las bandas, sino por las condiciones precarias de las minas ilegales o las enfermedades, principalmente la malaria y enfermedades de transmisión sexual”.

Aunque desde el plan del Arco Minero existen aproximadamente 23 minas de oro, lo cierto es que existen muchas otras minas ilegales generadoras de violencia.

El informe del OVV también destaca que la disminución en el número y en la tasa de muertes violentas no es el resultado de una mejoría en condiciones sociales, sino del empeoramiento de condiciones de vida y de la generalización de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. (Con información del OVV Bolívar)

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