El allanamiento y posterior traslado de David Natera Febres a la sede de la Policía política configura un nuevo ataque en contra de la prensa libre por parte de los cuerpos de seguridad de Maduro y un claro desconocimiento al debido proceso.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanó este lunes la casa del director de Correo del Caroní, David Natera Febres.

El procedimiento inició aproximadamente a las 2:00 de la tarde cuando un grupo de funcionarios a cargo del jefe comisario, César Sánchez, llegó a su residencia en Villa Antillana, Puerto Ordaz.

La orden de allanamiento fue dictada por el Tribunal Especial de Primera Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo a cargo de la jueza Carol Padilla.

La Policía política violó el derecho a la defensa y al debido proceso luego de impedir el ingreso de los abogados Eliecer Calzadilla y Robnny Gutiérrez durante el procedimiento.

Gutiérrez comentó que habló con los funcionarios y les mostró su credencial de Inpreabogado, sin embargo, se mantuvo la restricción. “El funcionario estaba reacio desde el primer momento expresando que ellos estaban haciendo un allanamiento y que era una revisión del hogar y que en este sentido en esta etapa de procedimiento no requería un abogado”, señaló. 

“La Constitución establece el principio de legalidad que precisa que define las atribuciones a los funcionarios públicos, básicamente los obliga a que den cumplimiento al debido proceso que está contemplado en el artículo 49 donde tutela el derecho a la defensa en todo estado y grado de la causa ya sea procedimientos judiciales o administrativos. De manera que si están iniciando un procedimiento con una orden judicial, así sea el inicio, David Natera tiene derecho a la defensa”, explicó el abogado.

El artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela establece que “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”.

 
El Centro de Comunicación Nacional de Guaidó denunció “medidas de intimidación” contra familiares y recién designados miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial | Foto María Ramírez Cabello
 


Mientras que el artículo 47 indica que “el hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano. Las visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la ley, sólo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios o funcionarias que las ordenen o hayan de practicarlas”.

Luego de más de tres horas de allanamiento, David Natera fue trasladado por los agentes a la sede del Sebin en Vista al Sol, San Félix. Una vez en el lugar, los funcionarios se limitaron a dar información sobre el estatus de Natera y prohibieron, nuevamente, la entrada de sus abogados. Cuatro horas y media más tarde, Natera sería liberado y trasladado de vuelta a su vivienda.

Este caso se suma a la larga lista de arremetidas contra los medios de comunicación y periodistas ejecutadas por el régimen de Maduro. Organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos políticos y sociedad civil repudiaron el caso y denunciaron un nuevo atropello contra la prensa.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) señaló directamente al gobierno de Maduro: “responsailizamos al Estado venezolano por la seguridad e integridad de David Natera, en medio de este procedimiento en el que aún no han expuesto causas y solo se han limitado a decir que 'la orden es de un tribunal de Caracas”. A esta denuncia se le suma la ONG Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Asimismo, Pedro Vaca, el nuevo Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó que la detención arbitraria es un “atropello al derecho a la defensa y desconoce las mínimas garantías al debido proceso”.

De igual manera, el comisionado presidencial para Derechos Humanos designado por Juan Guaidó, Humberto Prado, catalogó el hecho como “un nuevo ataque a los periodistas” y aseguró que lo presentará a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Espacio Público ha registrado 702 violaciones en contra de la prensa desde el 16 de marzo. Entre el 5 y 11 de octubre de este año, la organización reportó 4 violaciones por intimidación, dos por amenazas y una por censura. Además, entre enero y septiembre de 2020 contabilizan 40 detenciones a trabajadores de la prensa.

Represalia a creación del Consejo Nacional de Defensa 

El pasado viernes 9 de octubre, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, instaló el Consejo Nacional de Defensa Judicial de la República, con el objetivo de garantizar un proceso transparente en las contrataciones y procesos jurídicos que realiza el gobierno interino.

“Hoy les delegamos la protección de la República, deben salir a defenderla. Representan a una Venezuela golpeada, pero que puja por su libertad y su reconstrucción. Queda formalmente instalado el Consejo Nacional de Defensa Judicial de la República”, manifestó Guaidó.

Esta Comisión Nacional de Defensa Legal está integrado por David José Natera, hijo de Natera Febres, Arghemar Pérez Sanguineti, Romer Rubio, Jonathan López, Gabriel Gallo y Freddy Orlando. Así lo informó el Centro de Comunicación Nacional del interinato.

Además del allanamiento a la casa de Natera, se reportaron procedimientos en contra de la residencia de los padres de Rubio en Maracaibo, en la casa de Gallo en Yaracuy y en la residencia del embajador de Guaidó ante Bahamas, Rafael Domínguez.

No es la primera vez

David Natera Febres fue presentado en tribunales en condición de acusado en julio de 2013 por la serie de reportajes publicados por Correo del Caroní sobre hechos de corrupción en Ferrominera Orinoco. Natera fue acusado por difamación agravada e injuria. En estas investigaciones se revela la vinculación de Yamal Mustafá, director del diario regional Primicia, en el pago de sobornos al general de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Juan Carlos Álvarez Dionisi, apodado el Tiburón.

A raíz de esto se presentaron dos acciones judiciales en contra de Natera: una penal y otra civil. A pesar de que el proceso comenzó en 2013, no fue sino hasta 2016 que el tribunal dictó una sentencia, habiendo prescrito la demanda. La orden de prisión fue suspendida por decisión del Tribunal de Ejecución, siempre y cuando Natera permaneciera en el país, se presentara mensualmente y pagara la multa.

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