El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) exige justicia y fin de la política de criminalización de las manifestaciones en Venezuela.

@mlclisanchez

Los venezolanos continúan exigiendo vivir dignamente en medio del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) -en su más reciente informe- contabilizó 1.075 protestas para mayo 2020 en todo el territorio nacional, una disminución del 30, 24% en comparación a mayo 2019.

    El servicio de electricidad fue el más exigido durante los reclamos de mayo

La mayoría de las manifestaciones tienen como detonante la exigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca). La región andina encabezó el número de protestas con 158 en Táchira y 133 en el estado Trujillo, mientras que en Bolívar se registraron 21 reclamos por servicios básicos.

En mayo se documentaron 1.047 exigencias relacionadas con el colapso de servicios básicos en todo el territorio nacional: electricidad (501), agua potable (396) y gas doméstico (150). Hubo 78 protestas por derechos civiles y políticos (DCP) y 553 protestas combinadas.

Hasta ahora mayo sigue siendo el mes con mayor número de protestas en lo que va de 2020, pero en el estado Bolívar sigue disminuyendo la conflictividad social durante la cuarentena, aunque esto no está directamente relacionado a una mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de las personas.

Servicios básicos y reivindicación laboral

En el estado Bolívar hubo 21 protestas por servicios públicos. Hubo zonas del que pasaron de 48 horas a 4 meses sin electricidad, y localidades donde el agua por tubería no llega desde hace más de un mes e incluso décadas; la intermitencia caracteriza el servicio, aún en medio de la pandemia por la COVID-19.

Bolívar continúa siendo uno de los estados peor abastecidos de agua potable de todo el territorio nacional, según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Los ciudadanos no tienen otra opción que llevar envases con camiones cisterna o cargar agua directamente de los ríos. Y en Guayana, Palúa, por ejemplo, lleva 2 décadas con un suministro crítico de agua.

    El OVCS documentó 396 manifestaciones por falta o deficiencia del suministro de agua potable en todo el territorio nacional, este es uno de los derechos más exigidos | Foto William Urdaneta

El OVCS denunció que Nicolás Maduro ha venido aumentando y dolarizando las tarifas de la electricidad, agua potable, gas doméstico y recolección de basura, aun cuando los servicios son pésimos y prevé que cada vez se gane más espacio en las calles para las manifestaciones.

Hubo 176 protestas por gasolina a nivel nacional, seis de ellas en el estado Bolívar, una disminución significativa considerando que, para enero de este año, hubo al menos 12 manifestaciones por combustible en la entidad.

Mayo cerró con un aumento de más del 100% del precio de la gasolina, y una dolarización de 0,50 dólares por litro en las estaciones de servicio premium. Antes del aumento, las colas superaban el kilómetro de longitud en Guayana, sin embargo, después del aumento y la dolarización volvió la pernocta en las colas y la venta de efectivo para pagar el combustible.

Hasta las colas para surtir gas vehicular superaron el kilómetro y los equipos de los surtidores se dañan cada dos días.

De las 1.075 protestas que el OVCS contabilizó en mayo a nivel nacional, 136 exigían la reivindicación de los derechos laborales. El salario mínimo son 2 dólares mensuales, y el OVCS pronostica que en los próximos días los trabajadores retomarán con más frecuencia las calles para exigir sus derechos. Para la segunda semana de junio ya en Guayana la dirigencia sindical de empresas básicas reactivó la lucha de calle por los derechos laborales y exigieron un salario con base en el dólar y suficiente para cubrir los productos de la canasta básica.

Criminalización de la manifestación

En medio del clima de tensión social por la falta de garantía de los Desca, el Observatorio exige justicia y poner fin a la política de represión y criminalización de las protestas en Venezuela.

El 4 de mayo fue asesinado un estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes (ULA), Rafael Hernández, de 21 años, mientras participaba en una protesta pacífica en contra de los apagones de electricidad, en el sector El Campito, del municipio Libertador del estado Mérida.

Entre el 13 de marzo y el 13 de mayo, 85 personas fueron detenidas ilegalmente, todos exigían la restitución de los servicios como agua, electricidad, gas doméstico, acceso a la alimentación y combustible, concluye el más reciente informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Además Espacio Público documentó 16 casos de hostigamiento y detención arbitraria por denunciar escasez de gasolina entre el 16 de marzo y el 5 de junio.

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