Marialejandra Meléndez fue retenida en el centro hospitalario y obligada a borrar las fotos de su celular en medio de una política de sospechas delirantes por los posibles casos de coronavirus en la ciudad.

Así como el gobierno de Nicolás Maduro intensifica el confinamiento bajo el sustento de frenar los contagios de COVID-19 en el país, así lo hace con los ataques al ejercicio periodístico que en medio de la pandemia mantiene su labor de informar. En menos de un mes se han registrado dos casos de hostigamiento y amenazas a la prensa en Ciudad Guayana.

El suceso más reciente fue el de Marialejandra Meléndez, estudiante de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello y trabajadora del diario Primicia, quien además forma parte del equipo de El Bus TV en San Félix.

Meléndez y el reportero gráfico Wilfredo Álvarez realizaban este jueves un recorrido. Tenían como asignación tomar fotos de fachadas de diferentes instituciones que posteriormente pudieran servir como referenciales para las notas periodísticas.

En el Hospital Dr. Raúl Leoni, en San Félix, Meléndez aprovechó para entrevistar a familiares de pacientes y conocer sobre el sistema de protección y régimen de visitas durante la cuarentena. Una ambulancia estaba en la entrada del centro de salud, y antes de irse, aprovechó para fotografiarla.

Allí había un equipo de protección anti COVID-19 del que no se había fijado. Tres personas se le acercaron gritándole y exigiéndole que borrara la foto. Eran Isabel Velásquez, quien se identificó como jefa de seguridad del Seguro Social, otra persona con un chaleco del IVSS y un tercer sujeto, a estos dos no los pudo identificar.

“La mujer era la que más me agredía verbalmente e intentó quitarme el teléfono, le dije que no y que podía mostrarle las fotos, que eran cuatro nada más, de la ambulancia y la fachada del hospital. Empezaron a decir que llamaran a la guardia porque decían que había que llevarme presa”, relató Meléndez.

Delito tras delito

Aunque la acusaban de infringir la ley por el hecho de tomar unas fotografías a las afuera del centro asistencial, fueron estos funcionarios, a quienes luego se le sumaron tres guardias nacionales y una doctora, los que cometieron el delito de revisar su teléfono celular sin una orden judicial.

   
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Luego de llevarla a la parte interna de la institución y encerrarla en un pequeño cuarto, la obligaron a borrar las fotos, pero también revisaron sus conversaciones en WhatsApp, redes sociales, registro de llamadas y otras aplicaciones. Le quitaron su identificación, le tomaron fotos, le pidieron todos sus datos, incluyendo su dirección de domicilio, a lo cual se negó.

El reportero gráfico, que para ese momento la esperaba en el carro, dio aviso al editor de guardia del medio para alertar la irregularidad.

También tomaron los datos de su hermana, quien la llamó en ese momento. Cuando se negó a dar su número de teléfono, la respuesta de Velásquez fue: “es mejor que cooperes porque la cosa se puede poner peor (...) Nosotros nos vamos a encargar de buscar toda tu información (...) si esas fotos siguen allí el Dgcim lo va a saber”, contó Meléndez.

La doctora de este hospital, cuyo nombre desconoce, aplaudió el procedimiento.

“La doctora dijo me parece muy bien, así tiene que ser, tenemos orden de Caracas de no dejar pasar a ninguna persona porque se incumple el contrato de confidencialidad de todos los pacientes con coronavirus. Les expliqué que no fui allá por pacientes con coronavirus, sino que estaba hablando con familiares sobre protocolos y horarios de visitas”, acotó.

Aparentemente, en aquella ambulancia fotografiada llevaban a un paciente que se desconoce si se trataba de un caso positivo o sospechoso de COVID-19, o si era por otra afección.

Dos casos en un mes

El 4 de mayo ocurrió un caso similar con el equipo de Nueva Prensa de Guayana. Los agresores fueron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La periodista Katiuska González y el fotógrafo Wilmer Barrero realizaban un recorrido en la ciudad y se fijaron en un grupo de conductores aglomerados en la estación de servicio Paseo Caroní, habilitada para surtir combustible a sectores prioritarios.

González tomó una fotografía y se dispuso a hacer la reportería de lo que allí ocurría, aparentemente reclamos para surtir combustible. Funcionarios de la Dgcim los interceptaron, uno de ellos le arrebató el teléfono a González y otro borró el material fotográfico.

Agresiones en tiempos de pandemia

De acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), entre el 13 de marzo y el 30 de abril, cuerpos de seguridad del Estado provocaron 27 casos de agresiones a la libertad de prensa. Las detenciones arbitrarias fueron los más graves y numerosos desde que comenzó la cuarentena.

En ese mismo lapso hubo al menos 66 casos de agresiones a las libertades informativas contra medios de comunicación, trabajadores de la prensa y ciudadanos, 33 de esos casos fueron por la cobertura o difusión de información vinculada a la COVID-19.

La CIDH, mediante Resolución 01/2020, recomendó a los gobiernos en el mundo promover el derecho a la información pública sin limitaciones, en el contexto de la emergencia por la pandemia de COVID-19. Asimismo, pidió garantías que eviten las detenciones arbitrarias en medio de medidas de Estados de Excepción.

“Compartimos la preocupación de que la información falsa sobre la pandemia podría provocar preocupaciones en materia de salud, pánico y desorden. En este sentido, es esencial que los gobiernos y las empresas de Internet aborden la desinformación por sí mismos en primer lugar proporcionando información fiable. Esto puede hacerse en forma de mensajes públicos sólidos, apoyo a los anuncios de servicio público y apoyo de emergencia a la radiodifusión pública y al periodismo local (por ejemplo, mediante anuncios de salud del gobierno)”, señala un comunicado conjunto, emitido por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, David Kaye; Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, Harlem Désir; y el Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.

Las agresiones a la prensa no solo impiden el trabajo periodístico de informar, sino que viola el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre diferentes temas de interés público.

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